COLOMBIA

Presos políticos

“Por justicia politizada, en el país hay varios casos”

Uno de los rifirrafes entre el dictadorzuelo y la Asamblea venezolana se refiere al indulto de los 70 o más presos políticos que hay en ese país, algunos emblemáticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. En un proceso que duró solamente 19 meses, López fue condenado a casi 14 años de cárcel sin que la juez hubiera aceptado ni siquiera uno de los testigos de la defensa.

Estos presos políticos han sido capturados, acusados y juzgados por el gobierno pues en Venezuela ni la Fiscalía ni los jueces son independientes. La juez María Lourdes Afiuni fue encarcelada, torturada y condenada por jueces venales, por haber dictado una sentencia que no le gustó a Chávez.

El coronel Alfonso Plazas Vega acaba de ser liberado después de más de ocho años de prisión, a la que fue condenado por los artilugios de una fiscal Buitrago que, como lo dice la sentencia absolutoria de la Corte Suprema, presentó testigos falsos y contó con la complicidad de la juez Ma. Stella Jara y de dos magistrados del Tribunal de Bogotá, Fernando Pareja y Alberto Poveda, que confirmaron la sentencia a 30 años. ¡Se hizo justicia! clamaron algunos. En realidad el magistrado Luis Guillermo Salazar y los colegas que lo acompañaron fueron capaces de sacudirse las presiones políticas y acabar con una injusticia. Honor a ellos, pero en Colombia sigue habiendo muchos acusados y presos políticos, aunque no como en Venezuela por cuenta del gobierno, sino por una Fiscalía y una justicia politizadas. El general Jesús Armando Arias, quien  lideró la toma del Palacio de Justicia, debe ser liberado porque si Plazas Vega es inocente Arias Cabrales también, pues ya se determinó la responsabilidad de la inteligencia militar. El general Jaime Hernando Uscátegui, acusado por el caso de Mapiripán, fue absuelto por el juez luego de ocho años de cárcel, pero el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia que confirmó la CSJ, revocó la absolución y le dio 37 años, a pesar de que el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, certificó que el general no tenía mando sobre las tropas de Mapiripán.

Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y exsenador, está preso por orden de la CSJ porque se reunió con paramilitares en el 2005 en nombre del gobierno de Uribe para tratar asuntos del proceso de “Justicia y Paz”. La orden de captura se produjo cuando se anunciaba que podía ser el candidato presidencial del Centro Democrático.  

No alcanzo a tratar en detalle otros casos como los de  Andrés Felipe Arias, también eventual candidato del Centro Democrático, y Luis Alfonso Hoyos acusado de “espionaje” en la campaña de ese partido. María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, está presa por cumplir con sus atribuciones legales de hacer inteligencia.  Diego Palacio y Sabas Pretelt condenados en el caso de Yidis Medina porque supuestamente prometieron dádivas para conseguir votos para la reelección de Uribe.

Y, como dice el dicho, faltan datos de otros municipios.

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Coda: El asunto de la venta de Isagen deja un tufillo muy desagradable.