¡Mea culpa, mea culpa!
Cuando se revisan las sentencias de la Corte Interamericana contra Colombia, en la mayoría de los casos los agentes del país han “reconocido” violaciones de derechos humanos, incluso muertes de “vivos” como en el caso de Mapiripán. En el caso de Santo Domingo el agente arguyó, y la Corte aceptó, que en los procedimientos internos ya habían sido indemnizadas las víctimas y no hubo condena monetaria. O sea que la defensa funciona. Alguna vez pregunté a la encargada de derechos humanos de la Cancillería por qué reconocían responsabilidad por hechos de los paramilitares y me respondió olímpicamente: “porque somos culpables”. Mostró una, esa sí olímpica, ignorancia del derecho consuetudinario, recogido en el proyecto de artículos de Naciones Unidas en materia de responsabilidad internacional del Estado por hechos de terceros y en las sentencias de la Corte Internacional en el caso de Nicaragua v. Estados Unidos por los “contras” y Bosnia v. Serbia por el genocidio de Srebrenica.
Luego de la operación Fénix en la que murió “Raúl Reyes”, el presidente Uribe, mal aconsejado, “se arrepintió” en una reunión de Cancilleres de la OEA de haber violado la soberanía ecuatoriana -lo que hubo fue el ejercicio del derecho de legítima defensa- y prometió no volverlo a hacer, con lo cual los Cancilleres bajo la mirada extraviada de Correa le dijeron: “Nos te absolvemus”.
Pero luego, cuando el Ecuador acusó a Colombia ante la CIDH por la muerte de un ecuatoriano, Frank Aisalla que murió en el incidente, nos apresuramos a “indemnizar” a Ecuador por el hecho. Pero Aisalla no era un civil: había sido investigado por el propio Ecuador por sus vínculos con las Farc, estaba en un campamento clandestino de los terroristas en plena selva y podía considerarse un combatiente.
La demanda del Ecuador contra Colombia ante la Corte Internacional por las fumigaciones en la frontera también fue transada. El caso no era fácil para nosotros ni para el Ecuador. Nos obligamos a no fumigar en la frontera y a mantenerlos informados, casi como pedir permiso. Pero, si uno mira un mapa satelital de la zona, la parte ecuatoriana tiene la selva intacta y la nuestra está desolada por los cultivos de coca.
Parece que en el caso del Palacio de Justicia se reconoce ante la Corte Interamericana una responsabilidad por torturas -que no ha sido avalada por ningún tribunal nacional- y no sabemos por cuántos desaparecidos, aunque la justicia nacional solamente ha reconocido dos. Eso por cuenta de la Agencia de Defensa del Estado. Si un abogado hiciera eso en casos de particulares le cancelarían la licencia.
Es importante que Cancillería y Agencia tengan una asesoría competente en estas materias.
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Coda uno. Tenemos que oponernos al voto electrónico provisto por una compañía venezolana. Sirvió para el fraude descomunal que llevó a Maduro a la Presidencia.
Coda dos. La ley de medios en Argentina y la falta de papel periódico en Venezuela están ahogando, más si cabe, la libertad de expresión en ambos países.