Justicia Penal Militar
El incidente de Jamundí en mayo de 2006, en el que la justicia ordinaria dijo que se había producido una “emboscada” contra policías de la Dijin que iban tras unos narcotraficantes, dio lugar a que en junio del mismo año el Ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el Fiscal de la época, Mario Iguarán, firmaran un acuerdo que daba a la Fiscalía la primera instancia en las investigaciones por incidentes militares porque según dice“se presentan con alguna frecuencia (…) hechos que revisten las características del homicidio”. Este “convenio” viola flagrantemente el artículo 221 de la Constitución que dice que “de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán los (…) Tribunales Militares”. El convenio fue demandado ante el Consejo de Estado y suspendido por este, pero el Ministro de Defensa Gabriel Silva apeló la decisión. El final aún está pendiente.
Entre tanto, la justicia ordinaria ha condenado a la cárcel a más de 1.200 militares, por “supuestos” delitos que dan vitrina mediática. Pero los que sí podrían dar lugar a acción de esa justicia, como los llamados “falsos positivos”, están en su inmensa mayoría trancados aunque los supuestos actores llevan detenidos algunos hasta cuatro años.
Por esa razón se creó una comisión compuesta por tres expresidentes de la Corte Constitucional, dos exgenerales y un exviceministro de Justicia, que redactó un proyecto de reforma constitucional cuyo propósito es el de que, como en el resto del mundo civilizado, de los delitos militares cometidos en relación con el servicio conozca la justicia penal militar (JPM) y de aquellos como las desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores la justicia ordinaria. De la comisión no puede ponerse en duda ni su conocimiento, ni su buena fe.
Pero los lobos saltan por doquier. Las ONG internacionales con Vivanco a la cabeza dicen que el proyecto expondría a Colombia a las acciones de la Corte Penal Internacional, generaría impunidad, causaría un retroceso para el estado de derecho y, según dice Vivanco, la JPM “investigaría y juzgaría todos los demás tipos de violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual” (esto último muestra cómo se tergiversan las cosas). Nada de lo que dicen es cierto, por supuesto.
El proyecto pretende dotar a la JPM de los medios de que carecía, incluyendo métodos de investigación, y crea un tribunal independiente que servirá de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.
El país tiene un problema grave con el sistema actual que desanima a la Fuerza Pública y no puede dejarse meter miedo. Ya estamos maduros y sabemos lo que hacemos.
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