Espionaje y sus debates
¿Cuál es el límite? Esa es la pregunta de fondo que surge tras la controversia que hay alrededor de las operaciones de espionaje que realizaron a escala internacional varias agencias de Seguridad e Inteligencia de Estados Unidos, y que no sólo incluyeron a potenciables enemigos de la seguridad e intereses norteamericanos, sino también a líderes, presidentes, jefes de gobierno, dirigentes del sector privado y hasta ciudadanos comunes en Europa y otras partes del mundo.
Aunque Washington ha dado múltiples explicaciones a los gobiernos de los países cuyos dirigentes fueron espiados han surgido en Estados Unidos voces que defienden de manera frontal esos barridos e interceptaciones a las comunicaciones telefónicas y electrónicas en todo el mundo. Argumentan quienes consideran que lo grave no es espiar, sino que descubran a quien lo está haciendo, que no hay país ni organismo de seguridad que no realice este tipo de operaciones de Inteligencia para recaudar información sobre los más distintos ámbitos. En otras palabras, que el espionaje internacional es una práctica normal desde hace mucho tiempo y que lo único que distingue el que realiza Estados Unidos del ordenado por otros países, es que sus plataformas tecnológicas son mejores y más eficaces, sobre todo en cuanto a interceptar comunicaciones y autopistas de información virtuales.
Aunque suene demasiado drástico, les asiste la razón a quienes consideran que si bien se puede censurar lo hecho por las agencias de Inteligencia norteamericanas, en realidad el campanazo de alerta debería darse en la otra orilla. Es decir, en los espiados. Lo anterior porque hay mucha diferencia entre interceptar las comunicaciones de un ciudadano del común, una organización no gubernamental, incluso una facción radical o delincuencial, y hacer lo propio con las llamadas telefónicas o los correos electrónicos de presidentes, líderes de gobierno, ministros u otros altos funcionarios de naciones tan poderosas como Alemania, Francia o Brasil.
Lo que realmente debe preocupar a las autoridades de estas naciones no es sólo que un país que se considera aliado haya espiado a sus gobiernos, sino el hecho mismo de que lo pudieron hacer. Es evidente la alta vulnerabilidad de los sistemas de comunicación de esos líderes, pues así como pueden ser espiados por un gobierno extranjero, también lo podrían ser por elementos ilegales, corruptos o, peor aún, terroristas.
Como se ve, el debate debe ir más allá de la indignación de los gobiernos que fueron vigilados de manera ilegal, y concentrarse mejor en cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI sean tan vulnerables en sus comunicaciones.