La política de la ‘paz total’ se encuentra en una encrucijada delicada y tendrá que ser rediseñada por el gobierno Petro.

De una parte, todos los diálogos (cerca de siete) que a su amparo se habían iniciado, o están suspendidos o atraviesan por impasses delicados. Dentro de los primeros pueden mencionarse los entablados con el Clan del Golfo y los cuatro procesos con las bandas urbanas de jóvenes delincuentes. Dentro de los segundos están los que andan cojeando con las disidencias de las Farc y el Eln.

Por otro lado, se ha presentado un inesperado cambio a la cabeza de la oficina del alto comisionado de paz (Patiño por Rueda).  Pero quizás lo más novedoso en el panorama de la ‘paz total’ es el alcance que habrá de dársele al reciente fallo de la Corte Constitucional que estableció límites y oportunas talanqueras a las facultades del ejecutivo para manejar diálogos con grupos criminales- narcotraficantes.

La más importante de esta sentencia radica en que no puede el Ejecutivo seguir adelantando negociaciones de este género “como le parezcan más convenientes”- que era como venía haciéndolo- sino que todo lo que haga en adelante debe supeditarse a una “ley de sometimiento”. Que no existe en este momento pero que pasa a ser el marco de obligatoria referencia en las negociaciones con todos aquellos grupos de delincuencia de alta gama que venía aproximando el gobierno.

En resumen: la ‘paz total’ tendrá que rediseñarse de la A hasta la Z.

Ya no serán permitidas las inconsultas excarcelaciones de reclusos decretadas por el Ejecutivo para servir como voceros o intermediadores de paz. Y lo que es más importante: no será posible sentarse a una mesa de negociaciones sin estar claro cómo entregarán los grupos delictuales las rutas del trasiego de drogas. Tampoco será posible dialogar si no se pone sobre la mesa una información confiable de cuáles son los patrimonios ilícitos que se entregarán a la justicia; y en fin, todos aquellos pormenores que configuran de una verdadera sumisión que - subraya la corte- debe señalarlos la ley.

La arquitectura de la búsqueda de la paz con estos grupos narco criminales no puede seguirla construyendo el gobierno “como le parezca más conveniente” sino que pasa a ser algo cobijado por reserva de ley, es decir, por una ley que corresponde expedir previa y de manera exclusiva al Congreso.

La primera decisión que debe tomar entonces el gobierno en esta nueva etapa de la ‘paz total’ es si presenta la ley de sometimiento que exige la Corte, y cuándo lo hará. Esta es quizás la más importante decisión que le corresponde adoptar ahora tanto al presidente Petro como a su nuevo alto comisionado para la paz.

No es una decisión fácil. El congreso está congestionado con la catarata de reformas que viene impulsando el gobierno. Pero si quiere que su política de paz siga siendo una ‘paz total’ viable, inexorablemente le tocará meterle el hombro a una ley de sometimiento -que omitió tramitarla en legislaturas anteriores- pero que ahora se hace ineludible a la luz del nuevo pronunciamiento de la corte constitucional.

La época en que la orientación de las conversaciones con los grupos variopintos de la delincuencia organizada se regía por impulsos casi siempre improvisados del gobierno, ha terminado. Ahora el juez de constitucionalidad ha dicho muy claramente que no se pueden adelantar negociaciones ni excarcelar voceros de paz a discreción por el Ejecutivo, sino se ajusta rigurosamente a lo que disponga una “ley de sometimiento”.

Ahora bien: en cuanto se refiere al Eln (que por su condición de grupo armado con reconocimiento político no queda cobijado por el fallo de la sentencia de la Corte) le corresponderá al gobierno, y muy especialmente al comisionado Patiño, encarar con firmeza pero sin reventar el proceso las desfachateces de los jerarcas de esa guerrilla que se resisten a renunciar al secuestro, a pesar de que la agenda que  con ellos se acordó dice claramente que se respetará el DIH, una de cuyas primeras prohibiciones es la del secuestro.

Y también le corresponderá controvertir en la mesa de negociación que sigue andando con este grupo, la no menos estrambótica afirmación de los jerarcas del Eln que este grupo “jamás entregará las armas”.

La “paz total” debe entonces rediseñarse casi por completo. Si no lo hace pronto el gobierno, los buenos propósitos que la animan quedarán atrapados en el pantanero de improvisaciones en los que infortunadamente ha caído.

Posdata: Hace algún tiempo estuve en un foro sobre asuntos de paz. Uno de los asistentes le preguntó a Álvaro Leyva:

- Ministro, ¿cuál es la partitura de este gobierno en materias de paz?

A lo cual Leyva respondió: “nosotros no tenemos partitura; como en el buen jazz lo que hacemos es improvisar”

El fallo de la Corte constitucional sobre la paz total de la semana pasada lo que dice es justamente lo contrario de Leyva: Los asuntos de las conversaciones de paz con los grupos narco criminales no pueden seguirse manejándose a base de improvisaciones de gobierno: requiere una partitura, dijo la Corte, y esa partitura se llama “ley de sometimiento”

Esta ley de sometimiento, a la fecha, no existe.

Por eso es que la ‘paz total’ está hoy sumida en una crisis total: por la improvisación permanente al estilo de la música jazz.