En el barrio La Colina de Medellín, Hernán Darío Castrillón (67 años) recibió una golpiza de sus vecinos que lo dejó invidente, tras reclamarles por la ruidosa fiesta que realizaban y sin que la policía hubiera hecho presencia, habiéndola llamado previamente (El Colombiano-14/08/22). En Cartagena las redes sociales dieron cuenta de otro de los muchos casos de abuso con las tarifas que cobran algunos establecimientos y vendedores en la playa a los turistas. Y en Bogotá se registraron dos nuevos casos de homicidios, cuyos cuerpos embolsados se dejan abandonados, y que según la Fiscalía elevan a 20 los aparecidos en similares circunstancias en la ciudad, en los últimos meses.

Según el principio de proximidad, las autoridades territoriales como alcaldes/esas y concejos municipales son quienes están más cerca de la gente y conocen mejor sus problemas y necesidades por lo tanto son las llamadas a actuar directamente en primera instancia. Sin embargo, también es cierto que las capacidades municipales para bastarse por sí mismos, aún en los asuntos propios, es relativa y que las desigualdades territoriales afecta no solo el eficaz ejercicio de las competencias asignadas sino también la disposición para impulsar el desarrollo de su territorio. Pero, en muchas materias, no es necesariamente el caso de los grandes centros urbanos ni de algunas de las más importantes ciudades intermedias.

El caso de Medellín ilustra la recurrencia de comportamientos cuyo control es del resorte de las autoridades municipales, las cuales cuentan con instrumentos y medios para actuar. Pero, pareciera que no tienen control ni manejo de estas situaciones; las cuales por no contar con la debida y oportuna gestión terminan en graves conflictos de convivencia o en lesiones y hasta homicidios. ¿Qué pasa con la aplicación del código de seguridad y convivencia ciudadana (Ley 1801/2016)? Y en el caso de los distritos turísticos como Cartagena, no hay excusa para que la alcaldía no ejerza con diligencia y eficacia la función de regulación, control y sanción sobre las actividades de comercio y turismo. 

Lo que viene sucediendo en Bogotá, es muestra de la magnitud del problema de la seguridad en los grandes centros urbanos que se caracteriza por la presencia de estructuras criminales que operan alrededor de actividades económicas ilícitas con control sobre determinados territorios. Es una realidad que desborda la capacidad local y requiere más gestión, articulación y coordinación interinstitucional efectivas. Pero, frente a la cual, las autoridades distritales parecen haber perdido el norte de la política de seguridad ciudadana que debe ser una prioridad cotidiana del gobierno urbano.

Dichas situaciones, y muchas otras, indican de cierta forma lo que pasa en los demás centros urbanos del país dejando la sensación de que el principio de proximidad, así como la capacidad para ejercer las competencias propias, pareciera más teórico que efectivo; sobre todo en relación con las funciones de regulación, control, vigilancia y sanción de múltiples actividades que afectan la convivencia de sus habitantes y a la vez son factor de riesgos y conflictos, pero que no se pueden tolerar como parte del paisaje de un creciente desgobierno urbano. Las grandes obras de infraestructura, los proyectos y contratos son necesarios, pero no es lo único ni lo más importante del quehacer del gobierno urbano. 

@Fer_GuzmanR