Al Congreso de la República le cogió la noche para legislar sobre los menores transgresores de la ley penal. Desde hace varios años se viene analizando el tema y ‘cogiendo con pinzas’ el asunto sobre qué hacer con los niños que incurren en delitos graves como homicidios, secuestros, hurtos con armas, etc.

Inicialmente se decía que los adolescentes eran utilizados por las bandas de crimen organizado para cometer actos de sicariato, tráfico de estupefacientes, asaltos; porque ellos por ser menores de edad, entraban y salían de los centros de reclusión con facilidad, y a fe que así ha sucedido.

Casos de hurtos con armas en los que participan niños, son recurrentes. En uno de tantos ocurrido hace unos tres meses, del cual tuve conocimiento por mi ejercicio como abogado litigante, fue atracada una señora en una calle concurrida de Bogotá. El victimario con puñal en mano emprendió la huida y ante los gritos de la agredida, dos  motorizados de la policía lograron su captura, al hacer la identidad del detenido se pudo constatar que apenas tenía 15 años de edad y en solo este año había ingresado cuatro veces a centros de reclusión por delitos similares.

Los casos son incontables, pandillas de jóvenes que aprovechan los trancones en los semáforos para amenazar y atracar a los conductores de vehículos, asaltos en el transporte público, hurto de bicicletas causando heridas con elementos cortopunzantes a las víctimas, distribución de alucinógenos; en todos ellos participaron adolescentes.

El asunto es que no todos los menores infractores fueron reclutados o utilizados por adultos para conformar bandas, hay agrupaciones delictivas integradas en su totalidad por jóvenes y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que entró en vigencia en el 2006, no ha dado los resultados esperados porque como en todas las medidas adoptadas para combatir la delincuencia, no existe una política criminal efectiva y adecuada para nuestra realidad.

No se puede seguir legislando para conjurar la coyuntura por hechos que escandalizan. Las soluciones al aumento de esas agresiones tienen que pensarse a largo plazo, priorizando la educación y asistencia integral, aunque no se puede dejar de lado la posibilidad de establecer sanciones más drásticas y allí surge un dilema que no es fácil de dilucidar. Por disposición constitucional y ordenamientos jurídicos internacionales, tenemos que salvaguardar el interés superior del niño, incluso de quien viola la ley penal, por eso las sanciones que se impongan deben tener un fin pedagógico y la crisis del sistema penitenciario en Colombia no permite que haya una resocialización del privado de la libertad.

El temor de imponer penas más duras, que incluyan cárcel para los menores victimarios, es que en un establecimiento carcelario se ‘gradúen’ de delincuentes, porque no es un secreto que esos centros se convierten en espacios dominados por redes criminales.

El tema de los adolescentes infractores no es un problema minúsculo y hay que abordarlo en su dimensión real. Si decimos que se requieren sanciones pedagógicas y a la vez aumentar las penas, hay que hacerlo con la responsabilidad que exige el Estado Social de Derecho que nos rige, protegiendo al menor sin que ello sea una autorización para quebrantar la ley, inversión en programas de prevención de delincuencia juvenil y atención a la niñez, al igual que la asistencia al transgresor y la familia, para propiciar ambientes que permitan el rescate de las manos del crimen.

@WilsonRuizO