Carles Puigdemont podría estar más cerca de España. Eso se deduce del auto del abogado general de la Unión Europea (UE) que, dando la razón al juez Llarena, ha concluido que Bélgica no es quien, para cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para reclamar la extradición, en este caso de Puigdemont, salvo que previamente no queden demostradas "deficiencias sistémicas" en la justicia del país que la solicita, en este caso España. De acuerdo con el abogado general de la UE, España reúne todos los requisitos para la impartición de una justicia en absoluto cuestionadla por una presunta vulneración de derechos.

El criterio del abogado general no es vinculante, pero es difícil recordar algún caso en el que el Tribunal Europeo, que es el que tiene la última palabra, haga caso omiso al criterio del abogado general de la UE. La última palabra no la tendremos, probablemente, antes del mes de septiembre, pero, en cualquier caso y a tenor de la resolución ya citada cabe afirmar que Puigdemont esté más cerca de España que hace unas semanas. Es decir, hay más posibilidades que nunca de que pueda ser extraditado y juzgado en nuestro país.

Conviene ser cauteloso y esperar a la resolución final, pero todo apunta a concluir que su autoexilio puede estar llegando a su final. Si esto ocurriera, y es muy probable que ocurra, y al margen de las cuestiones estrictamente judiciales, siempre farragosas salvo para los expertos, no cabe duda que la eventual llegada a España de Puigdemont tendrá sus consecuencias políticas que afectarán tanto al independentismo catalán como al propio Gobierno en la medida que su estabilidad parlamentaria depende, en buena medida, del apoyo de ERC. La reacción del independentismo no será precisamente silenciosa.

Ocurra lo que ocurra, el dictamen del abogado general de la UE deja bien claro que en España no se vulneran los derechos humanos y que en nuestra justicia, salvo que se demuestre lo contrario - y no se ha demostrado- no hay "deficiencias sistémicas". Traducido a lenguaje vulgar significa que España es una democracia que no se merece sospecha alguna y esto, en sí mismo, ya es un triunfo para nuestro país.

A partir de ahí y si se produce la extradición de Puigdemont, es obvio que el Gobierno no tiene margen de maniobra para evitar que se siente en el banquillo y es difícil imaginar que este hecho sea irrelevante para la vida política. Luego, si es que es juzgado y condenado, se repetirá la historia y habrá el consabido indulto, pero antes el Ejecutivo tendrá que andar con un garbanzo en el zapato.

Puigdemont ha hecho todo lo contrario a lo que, por ejemplo, hizo Oriol Junqueras y otros más que tuvieron la dignidad de no huir y asumir las consecuencias jurídicas de sus actos. Puigdemont puso tierra por medio, dejando colgados a quienes le habían acompañado en un desafío a la Constitución que nada bueno ha traído para nadie. Ni para quienes lo protagonizaron ni para quienes no participaron en el.

De momento, el abogado general de la UE ha puesto a España en el lugar que le corresponde en cuanto a calidad democrática. Aquí no hay vulneración de derechos humanos ni nuestra justicia, que tiene muchas carencias, lo que no tiene son "deficiencias sistémicas". Estas conclusiones, en sí mismas, son una buena, muy buena noticia en un momento en el que no faltan quienes pretenden poner en solfa la calidad de la democracia española. La suerte final de Puigdemont está por escribir.