Para la generación anterior la nefasta herencia del Frente Nacional marcó el comienzo del fin de la Constitución de 1886, pues las luchas sociales por un régimen político democrático caracterizaron la fuerte resistencia a los funestos arreglos bipartidistas para repartirse y controlar el poder político y el Estado. El capítulo final fue la suspensión de los derechos civiles y políticos en 1978 con el Estatuto de Seguridad y el predominio del estamento militar desde los gobiernos de Turbay hasta la adopción de la nueva Constitución Política de 1991, la cual tenía como propósito desbloquear la democracia. Es decir, más partidos y participación directa en las decisiones. Así como darle un control civil al estamento militar y adoptar un conjunto de derechos fundamentales, abriéndole espacio al Estado Social de Derecho.

El próximo julio se cumplen 30 años de la promulgación de la nueva Constitución. Y justamente quienes masivamente están en las calles protestando son los jóvenes -quienes tienen entre 15 y 30 años- de esa primera generación de la Constitución del 91. Es decir, los nacidos y educados bajo el signo del Estado Social de Derecho. Y se ha reaccionado de manera autoritaria frente a esta primera generación de jóvenes colombianos pidiendo el restablecimiento del orden público con la militarización “porque no se puede quebrantar la institucionalidad ni el Estado de Derecho.” Pero, se olvidan quienes eso invocan que el imperio de la ley o lo que entre nosotros sería la vigencia del Estado Social de Derecho es justamente contar con un régimen democrático en los dos sentidos: político y social.

Si bien la Constitución permitió el surgimiento de más y nuevos partidos y el despegue de la democracia local, revitalizando la democracia política, actualmente ésta ha perdido confianza y estamos ante una grave crisis de representación política. En parte, porque a los ciudadanos se les refuerza más el recortado papel de meros votantes, desconociendo el otro propósito de la Constitución: el de hacerlos participes de las decisiones desde el ejercicio de las libertades.

Y esto es algo que va mucho más allá de un pliego de peticiones del paro nacional. Pues, no podemos olvidar que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en una de las regiones más desiguales del mundo. Y que justamente la generación de la nueva Constitución ha crecido bajo la promesa de la igualdad, la pluralidad, la diversidad y la vigencia del Estado Social de Derecho.

Y en este sentido, desde el punto de vista de la Constitución, el imperio de la ley es la plena vigencia de los derechos civiles, sociales y políticos. Es decir, ejercicio de las libertades, no discriminación ni desigualdad. Así que paradójicamente hoy tanto desde el Gobierno como desde los ciudadanos que protestan se reclama el imperio de la ley. Pero, el verdadero problema es que para las dos partes significaría cosas distintas. Por eso tienen razón quienes dicen que la situación no se trata de una amenaza a las instituciones y menos de cambiar la Constitución, sino de cumplirla. La dificultad de la negociación es la voluntad y compromiso para que impere la ley. Es decir, el Estado Social de Derecho. ¿Será posible?

@Fer_GuzmanR