Con una diferencia de apenas un par de semanas, la clase política nacional ha dejado en claro cuál es el significado de la administración de justicia para cada una de las agrupaciones que dominan el espectro nacional.

La derecha religiosa anti proceso de paz, esa que encarnan la senadora Viviane Morales, el uribo-ordeñismo y algunos conservadores, le apostaron y ganaron con la elección del magistrado Carlos Bernal en la Corte Constitucional. Esa misma coalición perdió la siguiente elección en la que aparentemente triunfó el centro liberal pro paz y algunos izquierdistas ateos, con la elección de Diana Fajardo.

Hasta ahí todo parece normal. En una democracia donde los magistrados de una Corte se eligen en el Senado de la República, lo obvio es que pase eso. Que las coaliciones se armen ideológicamente para apoyar al candidato que estimen más afín a su ideología o a su concepto de Estado, derechos y democracia. Y es natural que así sea, porque, todos sabemos que juzgar no es un acto neutro, cada Juez lo hace desde su condición humana como ser social que es.

Lo malo ocurrió después. Cuando el magistrado Bernal participó en su primera decisión trascendente y contribuyó con su voto a una decisión que aparentemente no le convenía al Gobierno nacional, no se les ocurrió mejor cosa para criticar la decisión que descalificarlo personalmente. Traidor, fue lo menos que le dijeron desde el lado de los amigos del Gobierno. Un poco más y lo ponen, como a Peñalosa, a probar que lo de sus doctorados sí era cierto.

Con la señora Fajardo ha ocurrido exactamente lo mismo, aunque con una pequeña diferencia, ella no se ha posesionado y por tanto no ha suscrito aún ninguna decisión. Pero eso no importa, desde la orilla de la oposición no la han bajado de guerrillera. Incluso gente a la que uno consideraba como decente, a pesar de su uribismo recalcitrante, o por lo menos bien educada ha incurrido en semejante dislate.

Todos a una como en Fuenteovejuna, los políticos y sus seguidores han mostrado el cobre en asuntos de justicia. La imparcialidad, la razonabilidad o la independencia de los jueces y magistrados les importan un pepino. Para todos (y eso es lo peligroso) la Administración de Justicia es un coto de caza para poner fichas que les favorezcan sus intereses, mezquinos o altruistas, pero suyos. Todos predican el deber de la ingratitud, pero nadie lo aguanta en la realidad.

El uribismo en eso es muy consecuente. Durante los ocho años de su gobierno se dedicó sistemáticamente a perseguir a los jueces y magistrados por independientes y autónomos. Ahí están las condenas de Bernardo Moreno y otros para atestiguarlo con fuerza de cosa juzgada. O las declaraciones de Uribe cuando acusó a la Corte de fallar “con sesgo ideológico” por no reconocerle a los angelitos de Ralito la condición de sediciosos.

 El país necesita que a la justicia la dejen por fuera del juego politiquero. Déjenla sentenciar en paz, incluso sobre la paz. Y aguantemos los fallos y las fallas. Si quieren Cortes infalibles, comparezcan ante la Corte celestial.

@Quinternatte