En 1980 prometieron a los chilenos que serían dueños de sus pensiones y tres décadas después se hizo evidente que el sistema de ahorro previsional es un buen mecanismo para la inversión y un pilar complementario para la protección económica en la vejez, pero insuficiente para asegurar el derecho pensional.

El hoy ministro de Hacienda presidió la comisión de reforma que convocó la presidenta Bachelet y de la cual surgió la reforma de 2008, para estructurar un pilar solidario que beneficiaría al 60% de la población con menores ingresos. En 2015 se intentó nuevamente un ajuste, que finalmente se adoptó este año, para anticiparse a la propuesta del entonces candidato Boric en cuanto a eliminar las administradoras de pensiones.

La promesa inicial se frustró. El bajo nivel de cotización y las condiciones propias del sistema obligatorio de ahorro enfrentaron dos fenómenos: cumplida la edad pensional (65 años en hombres y 60 en mujeres) no se conseguía el capital suficiente o la suma de retiro para vejez era muy baja. Se empobrecieron los pensionados que aportaron, por lo que estas condiciones estructurales tuvieron que empezar a ser corregidas por el Estado desde hace quince años.

Con gran riesgo y bajo aquella lógica según la cual el ahorro para pensión es de cada cotizante, Chile autorizó en tres ocasiones, retirar sumas previsionales para cubrir los efectos de la pandemia, lo que agudizó la problemática de suficiencia prestacional para una sociedad que envejece aceleradamente y que en 2030 podrá tener un 20% de mayores.

Es preciso revisar la reforma chilena en pensiones, sin apasionamientos ni distorsiones electorales. Ahora el Estado asumió una pensión garantizada universal, como derecho, que beneficia a las personas que integren hogares dentro del 90% de la población con ingresos menores y que hayan residido 20 años en Chile.

Si la persona al cumplir la edad pensional no cuenta con el monto de ahorro, el Estado con cargo a recursos fiscales, le garantiza una mesada vitalicia cercana a los USD240 mensuales. Y si el ahorro le permite pensión de menos USd790, se le complementa la mesada al titular con el monto de la pensión garantizada. De esta suma hasta la máxima pensión (del orden de USd1.150), también el Estado complementa la mesada en forma decreciente.

En síntesis, Chile reafirma que para lograr equidad y combatir la pobreza, se requiere estructurar un sistema universal de pensiones. También muestra con su experiencia, que un sistema de ahorro no es suficiente y que se requiere asegurar una amplia participación pública, como base esencial para reconocer el derecho a la protección económica en la vejez.

Contar con una plataforma obligatoria de ahorro previsional, a la que se adicione un esquema voluntario adicional, es una estrategia pertinente pero no única. Colombia se salvó de una problemática social enorme al preservar el régimen de prima media en Colpensiones y al permitir traslados.

Que se requiere una reforma para garantizar el derecho a la pensión es innegable. El país no puede tolerar que apenas 2 millones de mayores accedan a pensión y 1.7 cuenten con un subsidio de apenas el 20% del salario mínimo. Más de 2 millones de personas por sobre los 60 años carecen de toda protección, especialmente las mujeres, a quienes la inequidad laboral por género castiga fuertemente.

Que dicha reforma exige más Estado que mercado, es también evidente. Más allá de la estrategia de tierra arrasada, es imprescindible adoptar políticas públicas diferentes para que la realidad pensional cambie. No más de lo mismo es esencial. Razonabilidad y audacia: la palabra la tienen los candidatos que llegan al final del desafío.