La influencia del Señor presidente dentro de los suyos es incuestionable: les enseñó a mentir a todos, incluso a los más prístinos como Humberto De la Calle como cuando afirmó que “se trata del mejor acuerdo posible”, que por tanto “es inmodificable” y que si se perdían las elecciones del 2 de octubre de 2016 “respetarían el resultado”. Nada de eso era cierto, todo fue una vil mentira para presionarnos y engañar al electorado.

Como tampoco era cierto que si se perdía el plebiscito del 2 de octubre “lloverían bombas en las ciudades y se acabaría la patria”. Así lo demostró la historia sin que sus autores se sonrojaran u ofrecieran siquiera elementales disculpas por la indebida presión a los votantes.

Y, ahora, expiden sendos decretos legislativos en el marco del fast track para desarrollar integralmente la ruralidad colombiana ¿podemos creerles? En principio No, pues sus fechorías los delatan, de la lectura de los mismos las cosas no pintan de la mejor manera como para poder generar consensos en torno de ellos y legitimarlos de alguna mínimamente.

El decreto 902 del 29 de mayo pasado, por ejemplo, ofrece más dudas que respuestas lo que hace que se convierta en un cáncer mortal para el desarrollo rural.

1. Insiste, repite y vuelve sin cesar a los vagos asuntos tratados en el punto 1 del acuerdo de La Habana. No clarifica, confunde.
2. Entiendo que, por ejemplo, impide que las tierras, todas, se arrienden, lo que genera una parálisis de hecho en el mercado inmobiliario rural, impidiendo atraer inversionistas, tecnología y know how, tanto nacional como internacional.
3. Se la sigue jugando por el minifundio pues el acuerdo de La Habana no permite otra visión, lo que impide pensar en grande y generar empleo de calidad por ausencia de economías de escala.
4. Entendido de manera sistemática con el bloque de constitucionalidad propio de estos acuerdos de “paz”, las consultas populares atentarán contra su desarrollo, pues la administración de los territorios será no solamente federalizada sino sujeta al vaivén de los grupos de presión como comités de campesinos, raizales, afrodescendientes, indígenas, asambleas participativas entre tantos otros.
5. Entiendo que las comunidades indígenas tendrán injerencia no solamente en las ya problemáticas zonas ancestrales sino en sus zonas de influencia y en las zonas que ocupen de hecho o invadan sin derecho. Es decir, las zonas que pueden exigir y demandar como propias son indeterminadas y no hay derecho adquirido que valga.
6. Entiendo que tareas tan técnicas como el catastro o las delimitaciones ambientales pueden ser presa igualmente de decisiones políticas como las consultas previas, las populares y las de participación ciudadana directa.
7. Para finalizar, este decreto es elocuente en decir nada, esto es, se caracteriza por su silencio a la hora de desarrollar lo realmente importante como el encadenamiento productivo, la generación de empleo formal y la garantía del sagrado derecho a la propiedad privada.

*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.

@rpombocajiao