¿Clausuraron el Congreso?
MIENTRAS presidentes con similares niveles de aceptación que Santos están por caer, en Colombia le dan súper poderes. Que gran distancia hay entre el país nacional y el sumiso país político.
El acto legislativo para la paz es el más terrible atentando que se haya cometido contra las fuerzas de oposición. Algunos medios dieron la noticia de que la caída del congresito eliminaba los abusos del proyecto. El congresito pretendía llevar a las Farc al Congreso sin votos para que reformarán la Constitución con lo negociado en La Habana. Aquel abuso murió en vísperas de las elecciones noviembre del año pasado, cuando la trampa fue develada y el escándalo obligó al cambio. Lo que quedaba era una simple autorización de comisiones conjuntas carente de importancia.
Los tres asuntos más graves fueron aprobados. Por una parte, fondos para la paz por 20 años que compromete todos los gobiernos venideros a inversiones que por ese nombre, la población recibirá como si fueran de las Farc. Luego unas facultades para Santos, durante seis meses, para que expida todas las leyes ordinarias que considere que facilitan la implementación de los acuerdos (ya ni siquiera son exclusivamente para eso, pues la redacción se amplió). Con ello, se suprime la participación del Congreso en el debate sobre la implementación. No todo el Congreso, pues las decisiones del presidente son las de la Unidad Nacional; lo que quedó eliminado fue la discusión del Centro Cemocrático. Con estas facultades -que rompen la tradición constitucional nacional de que debieran ser limitadas en la materia- se inicia el reinado de Santos, donde ya no necesita ni siquiera someterse a sus propias mayorías en el Congreso. Las sorpresas que nos esperan de la negociación de La Habana solo las conoceremos cuando sean ley. No habrá ninguna discusión ni cambios posibles.
Lo más terrible son las facultades para que los acuerdos de La Habana se incorporen de manera automática en la Constitución. Sí, automática. Santos presentará las reformas constitucionales -no sabemos cuáles, seguramente la integridad de los acuerdos- y el Congreso no podrá modificarlas sin su autorización, votará todo en bloque y para aprobarlas basta la mayoría simple. Es decir, el tránsito por el Congreso es formal, carente de importancia y sin discusión, pues nada podrá cambiar.
Es inconstitucional que el Congreso de mayoría santista renuncie que su capacidad de reformar la Constitución y hacer las leyes por más que ellos se sientan representados por el Gobierno, pues al hacerlo están suprimiendo de plano el derecho de la oposición política a discutir e intentar persuadir de que los proyectos son inconvenientes. Silenciaron la oposición.
Santos negoció nuestro contrato social, la Constitución. Negoció asuntos por fuera de la órbita de la Constitución y la ley, y por eso tenemos que modificarlas. Las grandes reformas constitucionales están pactadas, por fuera de la democracia, entre el presidente más impopular de la historia de Colombia y un grupo terrorista, excluyendo la oposición democrática. Lo que pacten, aunque lo lleven al texto constitucional, es ilegítimo. Estaremos en la calle, otra vez, cada vez más ciudadanos para resistir a la tiranía de los corruptos y los violentos unidos en la causa de destruir la democracia.