PROCESO DE PAZ

¿Concentración o despeje?

LO que hace muy difícil discutir los asuntos de la Nación con el actual gobierno es que cambia de postura con facilidad y se esconde en las ambigüedades del lenguaje para sostener un discurso del que cada cual interpreta lo que le conviene. Por eso el ejercicio de la oposición ha consistido en intentar obligar al Gobierno a develar lo que esconde. Aseguraban que no había impunidad, y costó mucho que reconocieran que si los crímenes de lesa humanidad son confesados, no tendrán cárcel; para ellos la confesión es castigo para nosotros queda impune.

La modificación de la ley de orden público será ese ejercicio nuevamente. Habilidosos asumieron el término “concentración” que usó el uribismo para referirse a la necesidad de que las Farc se ubicaran en un punto, de manera que se pueda garantizar que no están delinquiendo, y procedan al desarme. Han insistido en que no habrá despejes, sin embargo sospecho que se trata de otro sinuoso juego de palabras. A los despejes los van a llamar zonas de concentración.

La principal evidencia que tengo son las facultades que pretenden para el Presidente en la modificación de la ley 418, donde Santos podrá decretar zonas de ubicación temporal o zonas de despeje. La estrategia del Centro Democrático ha sido diferenciar ambos fenómenos: Prohibir las zonas de despeje y establecer reglas precisas para las zonas de ubicación temporal. Estas no podrán ser establecidas en áreas donde hay asentamientos de población civil, corredores estratégicos del narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado; zonas de frontera o zonas de interés para el desarrollo económico. No podrá haber más de una zona de concentración por departamento y no más de cinco en el país. Y estarán sujetas al cumplimiento de la ley.

El ejercicio pretende darle claridad al país. No es lo mismo una zona de despeje, que con buena fe el país probó y los recuerdos de los abusos cometidos no admiten otro ensayo; y una zona de ubicación temporal, como Ralito, donde estuvieron los paramilitares, pero también donde fue capturado Don Berna cuando se comprobó que seguía delinquiendo desde ahí.

Esta es una prueba ácida para el gobierno que con la escasa aceptación del 16%, un país en medio de una crisis económica que se agrava cada día y un caos de corrupción que carcome la administración pública, no puede despejar territorios como lo anhela la Farc. Si Santos accede al despeje para seguir complaciendo a las Farc cavaría una distancia ya irrecuperable con los colombianos. Después de los niños muriendo de hambre, los hospitales cerrando, Isagén, Reficar, el escándalo de la policía con tráfico de favores, chuzadas a periodistas y el despido de Vicky Dávila quien denunció todo eso, no habrá almendras suficientes para endulzarnos.

El rechazo al proselitismo armado de las Farc en Conejo fue nacional y es de esperar que los mismos colombianos se rehusarán a que las Farc y su ejército ilegal tomen el control de zonas en el país y que haya ciudadanos sometidos a soportarlo. Camina el gobierno por una línea muy delgada. Ojalá prefiera la ciudadanía sobre los terroristas.