“Avanza destrucción del Estado de Derecho”

RUTA DE IMPUNIDAD

El posconflicto en El Salvador

Santos avanza en la destrucción del Estado de Derecho con la ley habilitante y la persecución de la oposición política, a cualquier precio busca que las Farc le firmen un papel. Nos ponen de ejemplo los “procesos de paz” de Centroamérica e ignoran que aquellos países no conocieron la paz después de tanta impunidad. Una publicación estadounidense advierte que en El Salvador han sido asesinadas 4.930 personas en nueve meses, dejando el año con una cifra superior a 100 asesinatos por 100 mil habitantes; la pacificada Suráfrica con más de 30, Brasil 25, México 18. En El Salvador, las maras -pandillas- reclutan niños de primaria y han desplazado 300 mil personas. El Gobierno ha tenido que pactar treguas que temporalmente reducen asesinatos pero aumentan extorsión. En la víspera electoral el Gobierno de izquierda propuso girar hacia una política de mano dura; pero con la destrucción institucional ya no hay cómo hacerlo. Las pandillas ordenan paros del servicio público, y quien desobedece es asesinado. Estallan bombas. Tienen en jaque al Estado, y los ciudadanos no creen que el Gobierno pueda detener la violencia.

Mientras El Salvador busca consejos en Medellín -que en la década del 2000 logró reducir en 80% la tasa de homicidios por la seguridad democrática de Uribe y la desmovilización de paramilitares-; en Colombia pretenden seguir la fracasada ruta de la impunidad d El Salvador.

El Gobierno no firmó el sometimiento de las Farc a la justicia colombiana; todo lo contrario, condenó a la Nación a tener que rendirle cuentas a una justicia impuesta por las Farc. Me declaré sorprendida, pues imaginé que concedería impunidad, que les permitiría conservar el dinero y las armas, les asegurarían la representación política -como lo hicieron-; pero nunca se me ocurrió que las Farc fueran a “ajusticiar” a los ciudadanos de Colombia con las propias instituciones del Estado. Lo que no lograron por las armas lo conseguirán con las capitulaciones del Gobierno. Todos los ciudadanos y las Fuerzas Militares han tenido que ver de manera directa o indirecta con el conflicto armado, y por lo tanto estarán sujetos a la “jurisdicción de paz”, y el Gobierno y las Farc definirán el mecanismo de selección de los magistrados que nos juzgarán.

Las Farc con sus 15 mil narcoterroristas pesan lo mismo que los 50 millones de colombianos. La aseveración necia de un senador gobiernista que tilda de terroristas a los congresistas del Centro Democrático muestra el extremo de la tergiversación de valores. Si el CD fuera terrorista, no tendría la amenaza de cárcel sobre sus líderes, el Fiscal -como lo hizo con las Farc- suspendería imputaciones. Los veinte senadores podrían transformarse en una mayoría en el Congreso. Ganarían acceso a medios de comunicación, leyes y recursos para reformar los temas agrarios y de participación política; dirigir la política antidrogas, y minero-energética. Pesan más las armas y la violencia que la segunda fuerza política de Colombia. El camino es errado, sucederá como en El Salvador, los criminales cambiarán de nombre, no mejorará la seguridad ciudadana, pero nuestras instituciones se debilitarán.