Cada año trae su rompecabezas, a instancias del Congreso de la República. La legislatura que habrá de iniciarse en marzo tiene “cantado un debate folclórico” y, desde luego, sin atractivo pleno.
En la lluvia de proyectos de Ley presentados en la Cámara de Representantes, asoma una iniciativa aproximada a imitar legislaturas de varios países de Europa y América, más que, a una aplicación funcional en Colombia.
El representante por Atlántico, César Lorduy, del partido Cambio Radical, tiene como bandera proponer el traslado de ministerios a regiones, en las que su economía depende directamente de una determinada área asignada.
Como malos pensamientos lideran las costumbres colombianas, tan pronto como se enteran de cambios constitucionales, el trasladar ministerios huele a corrupción, porque en toda región pelean presupuestos pesados.
El Sr. Lorduy no se equivoca al afirmar que un ministerio está obligado a enviar, de manera frecuente, a dos o tres funcionarios para atender trámites administrativos costosos en algunas partes.
Cita como ejemplo la costa atlántica, con 2.600 metros sobre el nivel del mar, al decir que muchas regiones del país necesitan con urgencia, los ministerios en sus territorios para atender eficiencia exigida por Ley.
Otra cosa es imaginar cómo actuarían Hacienda en Barranquilla, Comercio en Guajira; Transporte en Chocó, Agricultura en Arauca o Casanare, sin infraestructura, para activar la planta de un ministerio. Lo lograrán entre 5 y 10 años.
Con enviar carteras ministeriales a regiones el país no se aceleraría; el error estaría en que hay capitales departamentales, con deficiencias y, sin condiciones propias para dirigir una operación nacional.
No son pocas las zonas azotadas por condiciones topográficas y climáticas, en las que, trasladarse de un sitio a otro, puede impedir movilidad por varios días y hasta semanas.
Sin embargo, sería funcional, al menos de manera parcial, la actividad con Oficinas Delegadas de algunos ministerios, según conceptos de Andi, Fenalco, y no pocos del Consejo Gremial.
Y el control jurídico y administrativo, es válido; se facilita como en la actualidad, según afirman asesores de Procuraduría y Contraloría, como en efecto lo realizan en diversas dependencias estatales y particulares.
La idea del proponente en el Congreso reviste desconfianza en presupuesto y funcionalidad, para llevar ministerios a regiones; será mejor una dependencia de apoyo a estatales y particulares, sin desgastes.
El enfoque del momento en el país, medido a través de la ciudadanía del común, tiene como expectativa la entrada en marcha del plan de empleo para jóvenes entre 18 y 28 años, según el Gobierno Nacional.
No debe olvidarse vuelco en salud, para la comunidad en ciudades y municipios, varios siempre ignorados; se espera de Cámara y Senado proyectos aterrizados, realizables y sin revueltos.