Pensiones y guerrilla

El país centra su interés estos días en menú de ‘ofertas’ de las Farc al Gobierno, y el rifirrafe alrededor del tope de más de $ 15 millones en jubilaciones y en particular, el monto de pensiones a magistrados y congresistas.

Impensable que la misma guerrilla que sigue envalentonada contra pueblos, caseríos y población civil, sea la misma que proponga en diálogos de paz un cese el fuego bilateral.

La misma subversión que a esta hora podría estar fraguando secuestros, extorsiones, terror y miedo, es la misma que propuso un Fondo de tierras para redistribuirlas entre campesinos que ella misma ha desplazado.

Mientras más fallidos ceses el fuego con las Farc, mayores registros de ataques de estos alzados en armas. El país sigue a la espera de que digan cuántos secuestrados tienen en su poder, o al menos que sinceren el proceso de conversaciones aceptando que sí tienen en cautiverio.

La tierra, tenencia de propiedad rural, comercialización agropecuaria, redistribución y producción, retorno de familias desplazadas por violencia a sus parcelas, reparación de víctimas, socialización de desplazados, es una política de Estado que no puede ser negociada con grupos al margen de la ley.

Sin un acuerdo sobre lo fundamental y un comienzo del fin al conflicto armado, la guerrilla no tiene puesto en concertación de políticas de Estado.

En cuanto las Farc hayan firmado la paz con el ejecutivo, dejado armas y ejecutado cese el fuego unilateral, podrán comenzar su reintegración a la vida civil, al Congreso, a corporaciones públicas, al estadio de la política y cargos oficiales o privados.

Solo entonces, estarán autorizadas por vía legales ganadas en el éxito de la paz, para no solo plantear sino para incidir e influir en toma de decisiones. Pero hoy no, no puede ser que la insurgencia nos indique desde el conflicto armado, el camino a nuestras prioridades políticas y económicas.

Y en cuanto a pensiones, penoso que mientras el grueso de colombianos recibe de uno a dos salarios mínimos mensuales, con pírricos ajustes anuales por inflación, exmagistrados y congresistas, perciban mesadas que superan 15 millones de pesos.

El exmagistrado de la Corte Suprema, Eduardo Adolfo López, está en el rango de 30 salarios mínimos, 17.3 millones de pesos. Una pensión similar tiene la exprocuradora delegada para Derechos Humanos, Patricia Elizabeth Murcia, con 17.2 millones de pesos. Y peor, el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Guillermo Bueno Miranda, tiene $19 millones, 8 salarios más de los máximos permitidos, sumando 33.

¿Dónde la solidaridad económica? Y las prácticas de Buen Gobierno? ¡Qué descaro!