Se une la convocatoria a un nuevo cacerolazo en las calles con el inicio de año en las universidades, con el nombre de 21E y con la firme aclaración de que no se trata de un paro ni de marchas sino netamente de un cacerolazo, en los términos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), que antes como integrantes del Comité Nacional del Paro, presentaron al gobierno ciento cuatro peticiones en el marco de la Conversación Nacional - en medio de la discusión de si se trata de una “mesa de negociación o de trabajo -, cuya viabilidad por parte del ejecutivo está en estudio.

El 21E es, en verdad, el deseo de no dejar enfriar el calor de las protestas del año pasado, que ahora se señalan con diferentes colores y clasificaciones. Al parecer este llamado “cacerolazo” se presenta como la antesala a la denominada “agenda real de movilización”, ella sí más asociada a un paro y a las marchas como tal. Por ahora, en puntos suspensivos, se siguen sumando más motivos, como la situación de los líderes sociales y las chuzadas dentro de la amplia gama de razones que se aluden.

En medio del anuncio a esta convocatoria, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presenta un nuevo protocolo para atender las protestas en el orden de garantizar el derecho constitucional con su acápite de “pacífica” y lanza la polémica idea de las madres gestoras de convivencia como fortín pedagógico y de paz en las marchas. No obstante, ese día, finalmente en la Universidad Nacional debió intervenir el Esmad, en última instancia, por el continuado bloqueo al transporte en avenida principal.

Son estos los motivos para insistir en la necesidad de reglamentar la protesta, como el derecho a la manifestación, movilización y reunión pacífica, con las ventajas para todas las partes: autoridades, manifestantes y no manifestantes. Es ideal que la protesta se entable como acción democrática, sin pensar que para muchos va a ser una pesadilla. Es de esperar que una protesta realmente pacífica tenga mejor eco. 

Con sentido de urgencia nacional es ganancia de todos acoger el Proyecto de Ley recientemente presentado por el Partido Conservador Colombiano (P.L 280 de 2019 / Senado), que busca precisamente reglamentar la protesta, cuya justificación fue tema de artículo anterior.  Se trata de verla como un derecho relativo, no absoluto, en cuanto viene atada al respeto de otros derechos, para consolidar en coherencia su búsqueda de reivindicación de derechos o necesidades de quienes protestan con la libertad de los demás (Sentencia Corte Constitucional C-122 de 2012).

En el Proyecto de Ley para que sea legal la manifestación social, ésta deber ser pacífica y no afectar la vida, honra y bienes de ningún colombiano. Así, ésta se concibe, entre otros, bajo tres principios fundamentales: la prevalencia del interés general, la garantía a la dignidad humana y la integridad física y la proporcionalidad en la intervención y el uso de la fuerza por parte del Estado cuando se afecten los derechos y bienes de las personas que no intervienen en la manifestación. Ahora, es el momento. Reglamentar la protesta es la única manera de validar para todas las partes su carácter democrático.

* Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI

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