Al acto legislativo que incrementa las participaciones de departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación debe estar precedido imperiosamente una ley que traslade y cuantifique responsabilidades de gastos del gobierno central para ser transferidos a las entidades territoriales.

El ejercicio fiscal debe ser neutro: se incrementan las transferencias a las entidades territoriales, pero SOLO en el monto de lo que valgan las responsabilidades de gasto de las que se desprenda el gobierno central que pasan a las entidades territoriales. Hacer lo contrario, es decir, aumentar las transferencias hacia las entidades territoriales sin que “previamente” se precise qué gastos de los que hoy asume el Gobierno central pasan a ser responsabilidad de departamentos y municipios sería un verdadero suicidio fiscal.

El acto legislativo no es claro en esa secuencia de que primero va la ley de competencia y luego las mayores transferencias. Nunca al revés.

Como el gobierno no se opuso oportunamente al avance del acto legislativo que dispone un incremento desmesurado al porcentaje de participaciones en los ingresos corrientes de la nación hacia las entidades territoriales, algo imposible de cumplir y que hará volar en mil pedazos la sostenibilidad fiscal del país, el único remedio, (cuando el Acto Legislativo avanza raudo en el Congreso) es que se defina previamente, a su entrada en vigor, cuáles competencias de la descentralización que hoy asume el gobierno central se trasladan a los entes territoriales y cuánto valen esas funciones.

Esta ley tiene que ser aprobada antes, no después del acto legislativo de marras. En este orden de ideas se transferirían nuevos recursos única y exclusivamente en lo que cuesten las funciones transferidas a departamentos y municipios, cuantificadas antes esmeradamente.

El Acto legislativo tiene que ser neutro fiscalmente. De lo contrario resultaría mortal para la sostenibilidad fiscal futura del país.

El gobierno Petro terminó dándole alas a este acto legislativo en vez de haberlo objetado oportunamente. Después el ministro de Hacienda y el jefe de Planeación han tomado distancias, pero ya era tarde.

Al día de hoy el único miembro del gobierno que defiende este Frankenstein fiscal es el ministro del Interior; pero mejor hubiera sido que el propio presidente Petro y sus ministros de Hacienda lo hubieran objetado a tiempo.