Alguna vez le pregunté al presidente Rafael Correa del Ecuador cómo manejaban ellos las consultas previas. Y me dio esta respuesta, muy en el tono autoritario que el maneja. Me dijo: nosotros si hacemos consultas previas acá en el Ecuador, pero no lo que no admitimos es que esas consultas nos paralicen las obras públicas. La magnifica red de carreteras que tiene el Ecuador demuestra que las cosas se pasaban exactamente como me dijo Rafael Correa.

Esto se me viene a la memoria al leer que esta próxima a salir una sentencia en la Corte Constitucional en virtud de la cual se revisa una nefasta jurisprudencia que había sentado esta misma Corte, por virtud de la cual se permite hacer en cualquier municipio consultas sobre asuntos mineros que tienen la virtualidad de paralizar, en caso de salir vencedoras, toda explotación minera en el respectivo municipio. Al día de hoy se cuentan por decenas los municipios en los que está proscrita toda actividad minera, luego de la negativa ciudadana que se ha expresado en tales consultas.

El anuncio de la sentencia que esta por salir dice que, como es lo lógico, la Corte reivindica el viejo principio que viene desde los tiempos del derecho indiano, según el cual el subsuelo es propiedad de la Nación y no de los municipios o de las comunidades allí asentadas. Con lo cual quedan prohibidas este tipo de consultas hasta que el Congreso - que dispondrá de dos años para ello- disponga lo contrario.

La otra noticia que ha aparecido por estos días es que el partido Cambio Radical se dispone a presentar ante el Congreso un proyecto de ley por el cual se reglamentan las consultas. Definiendo que ellas no pueden duran indefinidamente, y que cuando se convoquen deben obedecer a un real interés de la sociedad en dichos asuntos. Ambas noticias están concatenadas. La Corte le daría dos años de plazo al Congreso para regular el tema de las consultas, que hoy no tiene un marco legal claro; y la iniciativa de Cambio Radical conduciría a que el Congreso, por fin, tenga que ocuparse del asunto.

La regulación de las consultas previas para evitar los abusos que se vienen cometiendo con ellas es algo apremiante. Si las cosas transcurren como se han anunciado el Congreso dispondría de dos años para regular la materia; tiempo que coincidiría con el requerido para darle consideración y trámite al proyecto de ley preparado por Cambio Radical.

El tema no puede ser más urgente. Puede decirse sin exageración que los abusos que se vienen cometiendo en materia de consultas previas están, de una parte, ahuyentando la inversión de la minería en el país que, bien regulada, no tiene porqué entrar en colisión con la protección del medio ambiente, y de otra, paralizando muchas inversiones prioritarias.

Un país como Colombia, con menos población indígena que Ecuador, Perú o Bolivia, le ha dado curso a más de 900 consultas previas. Al paso que los países mencionados tienen consultas que fluctúan en un numero de 40 a 50. Hay pues una clara desmesura y a menudo abusos, en la manera como se viene utilizando el instrumento de las consultas previas en Colombia.

Tenemos pues una preciosa oportunidad entre manos: si el fallo de la Corte sale en la dirección que se ha anunciado, se puede iniciaría una especie de moratoria con relación a las consultas previas que vienen prohibiendo la minería a lo largo y ancho del país con grave demerito para nuestra economía. Y de otro lado se abre la posibilidad para que el Congreso, cosa que no ha hecho hasta el momento, se ocupe con seriedad de regular la figura de consultas previas.

Sería frenético, pues, una saludable moratoria que nos daría un respiro frente al carrusel de consultas en que estamos envueltos, y nos permitiría visualizar un escenario de modernidad como el que hoy tiene el Ecuador; y que solamente se lograría si se le pone orden a las consultas disparatadas. Estamos necesitando con apremio una moratoria en matera de consultas.