Desde que iniciaba este gobierno escribí algunos artículos sobre la avalancha de actos de protesta sociales que vendrían por parte de la oposición para resistir temas del gobierno o exigir soluciones a sus necesidades, al igual que sobre la manera adecuada y responsable como debería ser afrontado este tema.
La denominada Minga de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca ya lleva algunos días y como producto de ésta ha fallecido un agente de la Policía nacional y otros tantos han sido retenidos o secuestrados. La Constitución y las Leyes de la Republica establecen la viabilidad para el ejercicio de la protesta en el marco de un Estado de Derecho, pero no de la barbarie como tampoco de medidas que obstaculicen la libre movilización en todo el territorio nacional de los habitantes de Colombia. Por tanto, quienes así lo hagan están cometiendo una falta grave y, en el caso de los asesinatos, un delito.
Sabemos bien que el conflicto colombiano no ha sido solucionado del todo y por ello aún vemos presencia de grupos ilegales armados, como las disidencias de las Farc, los integrantes del Eln, los grupos de paramilitares y carteles del narcotráfico. Quienes organizan las protestas deben ser conscientes que están creando condiciones para que esos grupos ilegales los infiltren. Pero lo peor de todo es que muy pronto vendrán otras protestas de campesinos, camioneros, paperos, sindicatos, maestros, estudiantes, servicios públicos y algunas otras más. Porque uno de los antecedentes más graves que se han presentado en el pasado es que las protestas se han solucionado pactando lo impactable y asumiendo compromisos ante peticiones irreales, cuando no se han debido comprometer -no porque no sean justas y necesarias- sino porque son económicamente inviables, por no decir imposibles.
El presupuesto público tiene un límite y debe administrarse con responsabilidad y transparencia. Los gobiernos no se pueden comprometer si fiscalmente no hay posibilidades de cumplir, pues crean falsas expectativas que tienen como consecuencia la frustración de los diferentes sectores -como sucede hoy en el Cauca- ante la desesperación de ciudades, comunidades y sectores económicos que se están viendo profundamente perjudicados.
La protesta es legal en la medida que no esté acompañada de actos de barbarie, filtraciones de grupos ilegales alzados en armas o infracciones como las de la obstaculización las vías públicas que impiden la libre locomoción o tránsito, tanto de personas como de vehículos. Qué gran daño le han hecho a Colombia quienes actúan de esa manera y qué graves son las consecuencias que estamos viendo y veremos de los pactos incumplidos. El país recuerda cómo en el gobierno pasado hubo momentos donde en distintos lugares del territorio se presentaban paros y protestas y allí acudían una especie de cuerpo de bomberos, en los que se habían convertido algunos ministros a apagar los incendios y se comprometían con irresponsabilidad en darle solución a los puntos y temas solicitados, aunque ellos mismos sabían no podrían cumplir. Ahora en este gobierno estamos padeciendo las consecuencias.

El gobierno del Presidente Duque tiene que ser serio y no acceder a lo que no puede. Ahora bien, debe y tiene que evaluar las necesidades y darles una solución acorde con nuestras posibilidades y disponibilidades económicas. De lo contrario seguiremos cargando una bomba social que cuando estalle será demoledora.