Cuando en el ejercicio del gobierno se mira siempre hacia atrás, lo mismo que en el automovilismo, los riesgos del estrellón se vuelven infinitos. Que es lo que le está sucediendo al gobierno Petro. Todo lo que no hace lo explica cuestionando a sus antecesores.

La declaración que hizo esta semana de que su gobierno no iba a poder cumplir con la política agraria consignada en el punto No. 1 de los Acuerdos de La Habana es realmente patética.

Según sus declaraciones es imposible cumplir con los compromisos relacionados con la entrega de tierras a los campesinos, porque la actuación de los gobiernos Gaviria, Santos y Duque impiden que se cumpla con esta tan cacareada promesa de hacer una transformación rural profunda durante el actual cuatrienio.

Una primera presición que hay que hacer es la de que la distribución de 3 millones de hectáreas como punto central -aunque no único- de la transformación rural de que tratan los acuerdos de La Habana no es para ejecutarla en un cuatrienio, sino en lo que se conoce como el “post conflicto” que son los 15 años posteriores a la firma de los acuerdos de paz de 2016.

Los acuerdos de paz (que son obligatorios y que han sido incorporados al bloque de constitucionalidad) no son algo que un gobierno pueda desdecirse, como ahora lo está diciendo Petro anunciando que no va a cumplirlos. Por el contrario: son de obligatoria observancia.

El gobierno Petro parece haberse enredado él mismo en equívocos anuncios agrarios. En un comienzo dijo que durante su mandato se distribuirían entre los campesinos tres millones de hectáreas. Después, cuando la ministra Cecilia López observó que era una cifra imposible de alcanzar, redujeron la cifra a 1.5 millones de hectáreas. A renglón seguido con un bombo inusitado elevaron al rango de socio privilegiado de la política agraria al Consorcio Fedegan, que al parecer no ha salido con nada.

Según informó la actual ministra de Agricultura hace pocas semanas, a los asociados de Fedegan solo se le han podido comprar una finca en San Marcos Sucre. Y esta semana el presidente Petro informó que apenas se han logrado en año y medio comprar 48mil hectáreas para distribuir entre los campesinos. De allí, concluye, va a ser imposible cumplir con la política agraria durante su mandato. Noticia descorazonadora y, en el fondo, insólita.

La entrega de tierras es apenas un ingrediente de la reforma agraria que incluye una serie de programas de desarrollo rural en los territorios además de la titularización de predios cuyos tenedores no cuentan con escrituras. Para la vigencia presupuestal del 2024 el Congreso asignó $9 billones al Ministerio de Agricultura para que adelante diversos programas de desarrollo rural. Nunca había contado el sector del ministerio de Agricultura con una apropiación tan generosa como aquella que se le asignó para el año entrante. No se entiende entonces porqué se viene a decir ahora que será imposible cumplir con las metas auto señaladas por el propio gobierno Petro.

La adquisición de tierras es apenas uno de los varios caminos de que se dispone para hacer la reforma agraria: está también la distribución de baldíos; la extinción de dominio cuando se necesite; y la movilización de tierras que hoy maneja SAE y que han sido incautadas a narcotraficantes y delincuentes y deben tener una finalidad social asociada a programas de reforma agraria.

Francamente no se entiende porqué, inusitadamente, sale el presidente a estas alturas a decir que no se podrán cumplir con los objetivos de transformación rural que no solo son obligatorios desde el punto de vista legal, sino que el mismo gobierno Petro había señalado el punto No. 1 de los acuerdos de paz del 2016 como la guía y directriz que orientaría sus políticas de ruralidad en este cuatrienio. Ahora sale con la tesis peregrina de que fueron sus antecesores los causantes de que no esté haciendo lo que se había comprometido ejecutar en materia agraria.

Si, definitivamente: si solo se mira hacia atrás un gobierno o una automovilista están llamados a un gran estrellón. Que es lo que está pasando.