Y los campesinos
El objetivo de erradicar 35.000 hectáreas de coca está lejos de cumplirse este año faltando 15 días para su culminación; tan solo se han arrancado un poco más de 17.000 hectáreas.
Diversas las explicaciones para estos resultados, entre ellas que hubo una mala estimación de las metas para 2013 porque no se tuvo en cuenta la importante reducción del año pasado (25%), que las condiciones climáticas afectaron el rendimiento de la aspersión, y también se anotaron como causa los bloqueos y movilizaciones en el Catatumbo y en Putumayo que motivaron a entablar diálogos con la comunidad .
Es preocupante que quede en el ambiente el mensaje de que se puede detener el proceso de erradicación en estas regiones a punta de paros máxime cuando lo que hemos dicho hace años es que debe haber proyectos productivos que garanticen un ingreso estable a los campesinos para motivarlos a dejar para siempre la coca. Las cifras publicadas constituyen una mala noticia en la lucha contra el narcotráfico. Inquieta que no se siga con el ritmo de erradicación necesario para acabar con este negocio que tanto daño social, económico y en materia de fortalecimiento de grupos ilegales ha ocasionado al país.
Aunque el área sembrada con coca se ha reducido en lo últimos años, los cultivos ilícitos continúan con alta concentración en regiones con más presencia de grupos armados ilegales. Así, el Departamento de Nariño sigue teniendo el mayor número de hectáreas cultivadas (10.733), seguido por Putumayo (6.148), Norte de Santander (4.516), Cauca (4.325), Guaviare (3.851) y Caquetá (3.695). Resulta preocupante que se baje la guardia en la disminución de los cultivos sabiendo que este negocio viene acompañado de episodios de violencia por el control territorial y por las dinámicas mismas del tráfico de droga, que afectan en especial a la población civil de estos departamentos, la más perjudicada sin tener responsabilidad ni ganancias derivadas de la droga ni del conflicto.
Los campesinos han sido los mayores afectados, ya que en últimas se han visto vinculados al negocio, ya sea por la coerción de grupos armados o porque dadas las precarias condiciones para producir en el campo y el abandono del Estado, este cultivo se ha convertido en su única fuente de sustento, aunque según el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Bo Mathiasen, los ingresos de los cultivadores de coca no alcanzan a superar el salario mínimo.
Ante esta situación y la discusión del tema de narcotráfico en los diálogos de paz, los campesinos también han empezado a manifestar sus propuestas. Así, en un encuentro de cultivadores de coca, amapola y marihuana, llevado a cabo la semana pasada, los campesinos plantearon dos caminos frente a los cultivos ilícitos: el primero es sustituir de manera gradual una parte de los cultivos, y el segundo, industrializar la otra parte para desarrollar el negocio legal de infusiones y harinas.
Este tipo de propuestas demuestran una vez más la obligación ética y moral de nuestro país de contar con una política agrícola y agroindustrial competitiva que provea de vida digna y de un ingreso estable a los campesinos, con lo cual el país puede generar riqueza través de su mayor participación en el mercado mundial de alimentos procesados y desactivar parte fundamental del negocio del narcotráfico que ha sido una de las principales fuentes de financiación de nuestro conflicto armado.