¿A costa del Estado de Derecho?
Confieso que, como muchos colombianos, fui escéptica pero quise estar equivocada en el inicio de diálogos en La Habana. Siento que estamos repitiendo un proceso lleno de cálculos, agendas personales y manipulación.
Por un lado, nuestro Gobierno para lograr la paz, “su paz” está dispuesto a pasar por alto y sin límites las atrocidades y manipulación de las Farc ofreciéndoles inclusive acceder a la política en total impunidad. Por otro, las Farc exhiben la arrogancia de los vencedores cuando gracias a la fuerza del Estado y las instituciones colombianas están debilitadas hasta el punto de resultarles hoy imposible la toma del poder por las armas. ¡Pero claro! Siguen teniendo capacidad terrorista gracias a su financiación como el principal cartel de drogas del mundo.
A pesar de que se diga que no habrá impunidad, eso es lo que les ofrece el marco legal para la paz que les asegura concesiones criticadas por distintos sectores y por organismos nacionales e internacionales que ven con estupor concesiones impresentables cuando se pretende enmarcarlas en el concepto de la justicia transicional.
Lamentablemente estamos cerca a la posibilidad de que estos personajes, que vacacionan en Cuba y pasean desde hace años en Harley Davidson en el país del ¨nuevo mejor amigo¨ del presidente Santos, puedan lograr que una firma cualquiera les permita entregar el aviso de su lucrativa actividad sin dar garantías a la sociedad de que todas sus “sucursales” cumplirán los acuerdos. Estamos reeditando los nuevos secuestros y nuevas liberaciones que la sociedad y las familias salen a agradecer luego de toda la parafernalia de la actividad ”humanitaria” de la exsenadora Córdoba .
Lo próximo que nos tienen preparado será quizás verlos acceder a la política en condiciones privilegiadas, a través de movimientos con circunscripciones especiales luego de ejecutar soldados y policías fuera de combate, atentados contra la infraestructura económica del país y continuar instalando minas durante el proceso de paz.
Estoy dispuesta a hacer cualquier sacrificio por la paz de Colombia, pero convencida de que ella no será posible jamás como consecuencia de hacer al Estado claudicar en exigir el cumplimiento de las leyes a todos por igual. Si las Farc quieren participar en la política, dicha posibilidad solo puede plantearse para aquellos de sus miembros que ofrezcan verdad, justicia y reparación así como a quienes estén excluidos de cualquier responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
La entrega de secuestrados (manipulada para ofrecer primicia a Telesur, no los exculpa de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante el proceso, ni puede pasar por alto que siguen reclutando menores para ponerlos en la primera línea del combate y secuestrando policías y soldados así pretendan vender la idea de que se trata de “rehenes”.
Mientras tanto, como relata el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, los cultivos de coca crecen de nuevo en áreas de donde se habían erradicado. ¿Será acaso una casualidad el que súbitamente se proponga la legalización de la producción de narcóticos con fines terapéuticos o culturales cuando lo que el país debe hacer es acabar de raíz su principal fuente de ingresos? Ahora pretenden continuar su negocio, legalizar cultivos de coca, marihuana y amapola: "con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial o por razones culturales", es decir, lavar su negocio sucio por cuenta de un proceso que no ha dado hasta ahora ninguna satisfacción a la sociedad colombiana anhelante de la paz.
El propio Parlamento Europeo ha señalado que las Farc no son creíbles debido a sus acciones y secuestros durante el “proceso de paz” y que deben proceder de inmediato a liberar a todos los secuestrados. Solo el Estado de derecho, el cumplimiento de la ley y la aplicación de justicia nos llevarán a la paz.