Infraestructura para la paz

En  sintonía con el actual proceso de paz, visto como un hecho histórico para el país cualesquiera que sea el resultado, el debate sobre la construcción de una sociedad más cohesionada y desarrollada apunta en dirección de los diferentes obstáculos que imposibilitan procesos de inclusión y de ascenso económico de los colombianos por un camino de competitividad, productividad y sostenibilidad, para lograr un país con 46 millones de ciudadanos de clase media.

Así, la infraestructura se nos presenta como el elemento que debe ponerse al día para facilitar la ejecución de políticas y de proyectos para superar los limitantes del desarrollo colombiano. El rezago existente en este aspecto impide una producción agrícola que llegue eficientemente a las plantas industriales para su adecuado procesamiento, obliga a que el crecimiento potencial de la economía disminuya de manera considerable, desincentiva inversiones en capital, pierde oportunidad de generar empleos tanto directos como indirectos, y condena la oferta exportable a que se perciba en los mercados internacionales con estándares pobres en competitividad y precios elevados.

La Agencia Nacionalde Infraestructura (ANI) reportó que Colombia ya cuenta con 1.049 kilómetros de doble calzada, si bien, la cifra se ha recibido con agrado, no se debe olvidar el norte, y más aún, cuando Colombia continúa ubicándose por debajo del promedio regional en kilómetros de vías de carretera, vías férreas y puertos, según cifras del Banco Mundial.

En la última investigación de Fedesarrollo sobre infraestructura, que se presentó en Cartagena para el 9º Congreso Nacional de la Infraestructura, aparte del factor geográfico, el impacto socioeconómico del tipo de obra a realizar, así como los factores institucionales y de inversión juegan un papel crucial.

El primero advierte la necesidad de más y mejores instituciones, que lideren los procesos de financiación, que otorguen concesiones a través de una gestión contractual más eficiente, y una coordinación entre las diferentes instituciones. Junto a lo anterior se debe replantear el enfoque de las instituciones existentes en los diferentes                         departamentos para que todos puedan acceder en igualdad de condiciones a los recursos y planes ofrecidos por la administración central.

El tema de las inversiones exige mayor estudio, debido a las dificultades en consolidar una fuente de recursos que dé cabida al conjunto de necesidades de infraestructura. Según el estudio de Fedesarrollo, el porcentaje del PIB necesario para cerrar la brecha en la infraestructura en 2010, es del 7,8%. Adicionalmente se debe considerar la demanda y el mantenimiento para los años siguientes, obligando a asignar partidas en el presupuesto para tales rubros.

Una agenda ambiciosa en infraestructura requiere más compromiso de los gobiernos centrales y locales, donde el impacto en la sociedad civil sea el punto clave para definir la prioridad de las obras a realizar. Tanto el Gobierno como los agentes privados deben ser creativos en el uso de las diferentes modalidades existentes que se acoplen a las exigencias geográficas y al perfil socio-económico de las regiones en aras de superar el atraso de cientos de comunidades que han vivido expuestas a los actores violentos y en condiciones de pobreza por su lejanía de los centros urbanos y de producción, tanto por la distancia geográfica como por la falta de acceso a vías principales.

Para que la paz sea una realidad, la agenda nacional debe incorporar el tema del papel de la infraestructura y garantizar mejores oportunidades de desarrollo productivo a campesinos, artesanos y productores locales para superar las asimetrías regionales, recuperar comunidades aisladas y permitir que todos los colombianos gocen del acceso a bienes y servicios que son parte de sus derechos fundamentales.

*Vocera de la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana