Transparencia y negocios

El  miércoles anterior la ONG Transparencia Internacional (Transparency International) emitió su publicación anual del Índice de Percepción de Corrupción, el cual genera un ranking sobre el nivel de corrupción de cada país de acuerdo con diferentes encuestas realizadas a empresarios y analistas de la respectiva nación.

En su última versión, Colombia ocupa el puesto 94 de 176 países de la muestra, con un puntaje de 3,6 puntos sobre 10, lo que indica una caída de 14 puestos respecto al año anterior. El panorama continúa sin mejorar al comparar el país con Chile (20), primer país latinoamericano en el ranking, Brasil (69), Panamá (83) y Perú (83), pero mejor ubicado respecto a Argentina (102), México (105), Ecuador (118)  y Venezuela (165), lo que denota un ambiente de baja confianza en la región.

La pérdida de confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas del país, presenta un escenario de desincentivos en varios frentes, por un lado, la inversión extranjera vislumbra un panorama desalentador, poniendo en riesgo la capacidad de muchos sectores de la economía para encontrar formas de financiación apropiadas para el logro de un desarrollo productivo.

Tal como lo demuestra el Informe Nacional de Competitividad 2012-2013, existe una relación positiva entre lucha contra la corrupción y competitividad, donde Colombia, comparado con otros países emergentes, presenta un rezago en ambos. Fenómeno que ha persistido durante los últimos años, pues el porcentaje de respuestas según los factores más problemáticos para realizar negocios en el país, dentro del Índice de Competitividad Mundial del FEM, ha llevado a que empresarios e inversionistas escojan la corrupción como el obstáculo principal para sus actividades.

También el Indicador Doing Business ilustra la caída en la capacidad de hacer negocios dentro del territorio, pasando del puesto 44 al 45 entre 2012 y 2013, siendo el cumplimiento de contratos el peor aspecto para Colombia, mostrando la ineficiencia en el sector judicial con un promedio días para el cumplimiento y el costo de los contratos mayor al de la región y al percibido por los países miembros de la OECD.

Por otro lado, la corrupción presente en las organizaciones se extiende hacia otros ámbitos de la sociedad permeando la estructura de valores y debilitando la fortaleza de las normas y leyes. De esta forma, a causa de los escenarios de corrupción se empieza a gestar una cultura hacia la falta de transparencia, hacia actividades que imprimen en el adn social prácticas desleales, generando círculos viciosos que reproducen el modelo.

Para que Colombia alcance tasas de crecimiento sostenible se deben fortalecer las normas y las costumbres sobre Gobierno Corporativo para mejorar las condiciones de la sociedad que garanticen transparencia y confianza en la toma de decisiones, condiciones fundamentales para la legitimidad de las instituciones públicas y privadas. Estamos en mora de  priorizar un sistema educativo que trascienda del conocimiento tradicional y desarrolle formación en valores y capital social para que los ciudadanos  actúen de manera colectiva, bajo propósitos comunes de inclusión social, progreso, productividad nacional y desarrollo nacional.

Las organizaciones públicas y privadas deben mejorar sus procesos de regulación y vigilancia, atendiendo la evolución permanente en la manera de hacer negocios propios de la globalización y de las tecnologías de información y comunicaciones.

Hechos como el caso Interbolsa muestran que el país no aprendió de sus crisis financieras de los 80’s los 90’s y comienzos de 2000 y para impulsar altos niveles de inversión, desarrollo y progreso social, la lucha contra la corrupción es una condición indispensable e inaplazable. De lo contario, corremos el riesgo de que sin haber concluido el conflicto armado, tengamos un conflicto social de consecuencias incalculables para la sostenibilidad de nuestra democracia y ello hará más difícil lograr la paz del país.

*Vocera de la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana