Indignación
“La alimentación es un derecho fundamental”
JUSTIFICADA indignación ha suscitado la situación por la que atraviesa el programa de alimentación escolar y la precaria atención que se dispensa a las necesidades alimentarias de la población de la tercera edad. El hambre ronda a los colombianos más vulnerables. El Estado tiene que percatarse de que la alimentación es un derecho fundamental y que de su adecuada y suficiente provisión depende la vida misma. No responder a esta necesidad vital compromete la legitimidad de un Estado incapaz de cumplir con el más elemental de sus fines.
Los hechos que se han conocido son escandalosos, tanto por sus consecuencias como por las circunstancias repugnantes que los generan. Indolencia, ineficiencia, descoordinación de las entidades estatales, adobadas por una rampante y omnipresente corrupción, desplegada a ciencia y paciencia de las autoridades, cuando no contando con su complicidad, sustrajeron de niños y ancianos un factor indispensable a su supervivencia.
La realidad es apabullante. En informes recientes la Procuraduría reiteró las advertencias formuladas en el pasado atinentes a “las falencias jurídicas, financieras, organizacionales, administrativas y presupuestales” que han caracterizado al programa PAE, sin respuesta de autoridades enmudecidas. La atribución de competencias a gobernadores y alcaldes para que suplan con sus precarios recursos las deficiencias de la nación, sólo logró potenciar las dolencias de los destinatarios del programa. A ello, se agrega el hecho cierto y aberrante de que la contratación de ese servicio es acaparado por mafias poderosas, con tentáculos en numerosos despachos públicos, que hacen un festín a costa de la necesidad más sentida de los seres humanos. Mientras las mafias extienden su lúgubre negocio, el gobierno reduce los recursos en un 50%, incrementando el déficit a la astronómica suma de 3 billones de pesos.
La solución no estriba en que las autoridades se culpen unas a otras, sino que el Estado en su conjunto asuma sus responsabilidades, aportando los recursos necesarios, coordinando sus acciones, ampliando el cubrimiento del programa que hoy no llega sino a la mitad de los niños que lo necesitan y erradicando de la contratación a las mafias que son bien conocidas, para no tener que responder penal y disciplinariamente por su ineptitud o por su complicidad. La Procuraduría tiene abiertas 145 investigaciones disciplinarias, priorizadas por orden del Procurador Ordóñez. La Fiscalía está en mora de hacer lo propio para que se erradique todo vestigio de corrupción. Y para lo que se haga por los niños también se cumpla para los ancianos. Es una urgencia inaplazable.