Mario González Vargas | El Nuevo Siglo
Lunes, 15 de Febrero de 2016

DUDAS Y DESCONFIANZA EN PROCESO DE PAZ

La tormenta perfecta

“Hay que cambiar de rumbo y propiciar un acuerdo nacional”

 

Las circunstancias que estamos viviendo parecen conducir al Gobierno, inexorablemente, a enfrentar los padecimientos de una tormenta perfecta. En efecto, se han conjugado factores originados, unos en la impericia de los altos mandos del Ejecutivo en el manejo de las dificultades internas que se viven, otros en la creciente advertencia de la comunidad internacional ante los temores de impunidad que sugiere el acuerdo sobre justicia suscrito en La Habana.

 

Las constantes, improvisadas y desacertadas declaraciones de ministros despepitados, han desnudado la incapacidad del Gobierno para enfrentar y superar los riesgos que intimidan a los colombianos. Que se trate de la economía sacudida por una inflación que se desborda, con una tasa de cambio cuyo crecimiento escapa a todo control y con un déficit fiscal cuya magnitud resulta ya inconfesable; o de la justicia, inoperante, clientelizada y desprestigiada; o de la salud colapsada; o de la corrupción que espanta a medida que se conocen los contratos de la parentela de ministros y altos funcionarios y los sobrecostos exorbitantes de obras como la de Reficar; o la de la muerte de niños famélicos y abandonados  por el Estado que solo hace presencia a la hora del sepelio; o la de los secuestrados por el ELN y la de los extorsionados por las Farc cubiertos por un manto de indiferencia y olvido, el Gobierno no tiene otra respuesta que las  alzas de impuestos, la austeridad fingida, el plebiscito inocuo, las concesiones a las Farc y ruegos al ELN, los  que, a pesar de la ofensiva mediática contratada por miles de millones de pesos, no alcanzan a esconder su ineptitud e impotencia.

 

Y en el frente externo, las celebraciones washingtonianas se vieron aguadas por la declaraciones del Secretario de Estado Kerry, de poderosos senadores demócratas, y republicanos, del vicefiscal de la CPI y de Amnistía Internacional, todas advirtiendo que las penas para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deben ser proporcionales a la gravedad de las violaciones perpetradas, como incansablemente lo ha reiterado el Procurador, al que el Gobierno prefiere intentar defenestrar en vez de escuchar.

 

Todavía es tiempo para cambiar la tripulación, pero no para enmermelar a los adictos o satisfacer a los ansiosos. Hay que cambiar de rumbo y propiciar un acuerdo nacional que satisfaga a las víctimas respetando los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que hagan de la paz y de la reconciliación un propósito compartido y una meta deseada por todos los colombianos.