Mario González Vargas | El Nuevo Siglo
Lunes, 23 de Noviembre de 2015

“Fuerzas Militares y su doctrina no son negociables”

EL ESCENARIO INTERNACIONAL

Propuestas de Farc (VI)

6. Redefinición de la política de seguridad del Estado y desmonte de estructuras criminales de contrainsurgencia.

7. Esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo como contribución a la verdad histórica y garantía de no repetición.

La   política de seguridad del Estado tiene que ver no solamente con factores que puedan amenazar la soberanía e independencia del Estado y su integridad territorial, sino también con los ingredientes susceptibles de afectar la seguridad de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus libertades. Determina, por lo mismo, la doctrina de las Fuerzas Armadas y de Policía y compromete los procedimientos de su accionar bajo las prescripciones constitucionales y legales que les son aplicables.

Al hacer estas dos propuestas, las Farc, por una parte, desestiman la posición del Gobierno que sostiene, desde el principio de las negociaciones, que las Fuerzas Militares y su doctrina no son negociables. Asimismo, olvidan que ellas mismas son factor de inseguridad, tanto por sus acciones como por la naturaleza de sus socios, en la que constituye su principal actividad delictiva. Hoy no existen en el país estructuras criminales de contrainsurgencia, ni paramilitarismo organizado, sino bandas criminales generadoras de violencia por sus actividades de narcotráfico, verdadera fuente de la inseguridad y muerte en Colombia. Guerrillas y bacrim alternan combates con pactos societarios para acrecentar sus arcas y su accionar delictivo. Por otra parte, el narcotráfico amenaza la seguridad y salubridad hemisférica, y la sospecha creciente de contaminación de la elite chavista alienta una crisis peligrosa con el Estado Bolivariano de Venezuela.

Si realmente se tratara de contribuir a la verdad histórica y a la garantía de no repetición, las Farc deberían erradicar los cultivos de coca, desmontar sus laboratorios, entregar sus rutas de tráfico y poner fin a sus sociedades con bandas criminales, carteles narcotraficantes y funcionarios de gobiernos extranjeros. Y al gobierno le corresponde desistir de calificar el narcotráfico como delito conexo al político y combatir los cultivos de coca que hoy nos han regresado a la ominosa condición de principal productor en las Américas. 

Los cambios que se están produciendo en el escenario internacional por obra del reciente atentado terrorista en París provocan solidaridad y colaboración en el combate contra el terrorismo y deben ser comprendidos por Gobierno y Farc. No habrá espacio para apaciguamiento y generosas concesiones unilaterales del Gobierno, ni para la impunidad de las Farc por sus delitos atroces, obligadas además a la verdad, la reparación y la no repetición.