Mario González Vargas | El Nuevo Siglo
Lunes, 12 de Octubre de 2015

Después  de la divulgación en La Habana del comunicado del 23 de septiembre, crece la preocupación por conocer lo realmente acordado. Con posterioridad a su lectura se conoció la existencia de un extenso escrito contentivo de 75 puntos que recoge con detalle los temas que aquel meramente enuncia, y que para las Farc constituye el acuerdo mientras que para el Gobierno solamente es un documento en desarrollo. Nadie, en sus cabales, entiende que el comunicado tenga carácter de acuerdo mientras que el documento que lo desarrolla y precisa sea solamente un simple borrador de trabajo. Los borradores no se firman, Doctor de la Calle, y si, como todo lo indica, usted así lo hizo, actuó con inexplicable ligereza e irresponsabilidad, impropia de sus deberes como jefe de la delegación del Gobierno.

Todo ello ha generado un insólito debate entre el Gobierno y las Farc sobre unas normas ocultadas a los ciudadanos pero trascendentales para el inmediato futuro del país. De los términos de las mutuas recriminaciones se entiende que las salvedades del Gobierno se refieren a  la amnistía aplicable a los delitos conexos al político, que comprenderían los de narcotráfico, secuestro y extorsión; al alcance y condiciones de las garantías frente a la extradición de los subversivos; a la interpretación de la restricción de la libertad aplicable a los miembros de las  Farc, que “están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional”; al tratamiento de los agentes del Estado; y a la selección de los magistrados del Tribunal de Paz

No hay entonces acuerdo completo y concreto sobre los puntos más sensibles en asunto de justicia, lo que erosiona la confianza entre las partes y despierta natural suspicacia ciudadana, confundida ésta por el espectáculo mediático que acompañó la firma del comunicado habanero.

Mal hace el Gobierno en creer que con la presentación al Congreso de un proyecto de acto legislativo que violenta la dignidad del legislativo y cercena sus competencias, apacigua a las Farc y permite conciliar diferencias. Se quedará con el pecado y sin el género porque éstas no aceptan escenario distinto a la mesa de negociación para concluir acuerdos. Ese es el precio de haberles otorgado el carácter de igualdad con un Estado democrático.

Mientras tanto, las Farc avanzan sus 10 propuestas para el fin del conflicto que de convenirse significarían, para los próximos 10 años, el establecimiento de un cogobierno con ellas, como analizaremos en próximos escritos.