INCERTIDUMBRE

Ámbito de lo oculto

Un   manto de incertidumbre se cierne sobre el comunicado del 23 de septiembre, supuestamente contentivo de un acuerdo sobre Justicia Transicional con las Farc y celebrado por el Gobierno y sus obsecuentes servidores con bombos y platillos. Como solamente se dio divulgación a los diez puntos del comunicado, fueron numerosas las dudas e inquietudes que diversos sectores expresaron sobre el real contenido del acuerdo. El Gobierno se negó a dar a conocer los 75 puntos del convenio, escudándose en el argumento de que parte de su contenido está aún sujeto a negociación, pero que lo expresado en el comunicado refleja en forma fidedigna la sustancia de lo acordado. Sin embargo, los representantes del Gobierno no coincidieron en la interpretación de las cláusulas del comunicado-acuerdo, sembrando confusión y desasosiego en el esperanzado ánimo de los colombianos. Al amparo de lo oculto quisieron responder a lo que el comunicado no aclaró y que parece abrir la puerta a la impunidad, con falsas sanciones para los guerrilleros por sus delitos atroces, a la designación por los victimarios de sus propios jueces, al sacrificio de los miembros de la Fuerza Pública, a la indefensión de los particulares señalados de haber participado en el conflicto y a la ambigüedad que rodea la entrega de armas por parte de las Farc y la reparación efectiva de sus numerosas víctimas. El todo coronado por el apoyo a la transformación de las Farc en un movimiento político legal, sin siquiera expresión de arrepentimiento y solicitud de perdón previos.

Ante semejante cacofonía no fueron escuchadas las solicitudes del Procurador General y de diversos sectores de opinión para hacer público el acuerdo en su integridad. Tuvo que ser la contraparte la que contradijera las versiones gubernamentales y expresara que no es cierto que “haya temas que requieran precisión adicional”, que “el acuerdo está cerrado”, que en él “no se habla de concentración de tropas de las Farc-EP ni de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva” y que “serán los futuros magistrados los que tendrán competencia para aplicar sus alcances”.

¿Cuál es el temor del Gobierno? No divulgar lo acordado tiene sabor a engaño. Tanto ocultamiento de realidades asombra, desdice de la buena fe del Gobierno,  ofende a la ciudadanía y sugiere que el acuerdo quedó hecho a la medida de las Farc. No extrañaría entonces que mañana a la refrendación la consideren también como un suicidio.