HUMILLACIÓN INTOLERABLE

Dignidad nacional

El  cierre de la frontera colombo-venezolana por parte de Maduro es el último eslabón de una crisis anunciada. Han sido sistemáticos los gestos y actitudes agresivas del Gobierno Maduro contra Colombia. Las deportaciones continuas de compatriotas, las difamaciones en contra del expresidente Uribe, el decreto sobre zonas de defensa integral marítimas, con el que se pretende despojar a Colombia de mar territorial, culminaron en el éxodo masivo e indignante de colombianos expulsados de sus casas derruidas y despojados de todos sus escasos bienes. Violaciones solo comparables a las practicadas por los nazis, los estalinistas y los maoístas en el siglo pasado.

El Gobierno colombiano no puede declararse sorprendido. Su tímida y tardía reacción confunde y ofende a los colombianos, porque parece consentir una humillación intolerable a la dignidad nacional. Debe marcar el final de la política de apaciguamiento con un sátrapa desbocado que de personaje circense se convirtió de depredador de los derechos humanos de nuestros compatriotas residentes en Venezuela.

Diosdado Cabello anuncia extender el cierre a toda la frontera con Colombia por una supuesta amenaza paramilitar a Venezuela, fingiendo desconocer que la acción que sirvió de detonante a la decisión de Maduro obedeció, muy probablemente, al enfrentamiento de miembros de dos fuerzas armadas institucionales venezolanas, sospechosas, como muchos de los colectivos chavistas, de estrechas relaciones con organizaciones ilegales dedicadas al tráfico de drogas.

Las destempladas declaraciones de Maduro y su canciller obligan a Colombia a llevar el asunto a organismos internacionales y a obrar con firmeza, conforme a nuestra tradición jurídica en la solución de conflictos y a nuestra voluntad de paz y entendimiento con nuestros vecinos, cualquiera que sea el signo ideológico de sus gobiernos. Esa es una actitud que congregaría a casi todas las vertientes y partidos políticos colombianos, con excepción de la izquierda, alineada y sumisa con el régimen totalitario de Maduro.

La OEA y la ONU tienen competencia para condenar al Estado que incumple sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y la Corte Penal Internacional para procesar a los perpetradores de delitos de lesa humanidad. Al gobierno le corresponde apoyar las denuncias del procurador Ordóñez ante la CPI y ante la CIDH, así como salirse de Unasur, organización proclive a los intereses del Gobierno venezolano.

El presidente Santos debe entender que éste, no solamente es un asunto de derechos, sino también de dignidad, que es el único valor que un Estado y una Nación no pueden perder.