Durante las elecciones que llevaron a la Presidencia de Venezuela a Nicolás Maduro se presentaron múltiples irregularidades. Sin embargo, pronto los presidentes del mundo reconocieron su triunfo, lo cual sirvió para que Maduro se revistiera con un manto de legitimidad.
No obstante su gobierno se ha venido deslegitimando por sus abusos de poder: las agresiones contra la oposición, a la que quiere destruir; sus ataques a la libertad de prensa; sus amenazas a los países vecinos; su descarado intervencionismo en asuntos extranjeros (como ocurrió en Honduras y Paraguay); el despilfarro de los recursos nacionales; sus violaciones a la propia ley venezolana; el haber continuado la política de Chávez de armar grupos irregulares para amedrentar a los opositores; el irrespeto a la propiedad privada; la destrucción progresiva de la economía; el deterioro de la calidad de vida; la inseguridad jurídica; el odio y la lucha de clases promovidos por el Gobierno; el irrespeto a los derechos humanos; y el haber convertido a Venezuela en una colonia de Cuba.
Las protestas populares y pacíficas que se iniciaron el 12 de febrero de 2014, cuando miles de estudiantes y ciudadanos salieron a las calles, fueron violentamente reprimidas por la fuerza pública y por grupos armados afectos al régimen. La forma cómo desde ese día el gobierno de Maduro ha tratado de acallar una protesta que no cede lo ha deslegitimado aún más. La Guardia Nacional el Ejército y la Policía han actuado con total irrespeto de los DD.HH., al igual que los grupos de choque chavistas (paramilitares y parapoliciales), de tal manera que para el 6 de marzo ya se contabilizaban 20 muertos, más de 200 heridos, y varios centenares de detenidos, muchos de los cuales han sido sometidos a torturas en cuarteles y calabozos, como en los tiempos de La Rotunda.
Para complicar aún más las cosas, el régimen ha recibido apoyo de contingentes extranjeros, los llamados “avispas negras” enviados por Cuba para ayudar a sofocar las protestas. Y mientras los problemas internos se agravan, el presidente Maduro convoca al carnaval, con el claro propósito de tender una cortina de humo.
Pocos países latinoamericanos han protestado por los abusos y atropellos del régimen chavista. La actitud del Gobierno colombiano y su Cancillería ha sido timorata, por decir lo menos. El país que ha tenido una posición más firme y acorde con los postulados democráticos de la OEA es Panamá, cuyo presidente, Martinelli, convocó a una urgente cumbre de esa organización. Como réplica, Maduro rompió relaciones con el Gobierno panameño.
Los demócratas de América Latina no podemos ser indiferentes frente a esa tragedia, y aunque los gobiernos se muestren medrosos, los ciudadanos no podemos serlo. Apoyar a la oposición venezolana es un deber moral de los latinoamericanos.