Populismo y corrupción
“Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui".
Estos son algunos de los sofismas preferidos por nuestro Alcalde Mayor, para ponerse a salvo de cualquier crítica, tanto de sus mejores amigos como Carlos Vicente de Roux, o del contralor distrital, Diego Ardila, quien le dijo a Semana que el 70 por ciento de la contratación en la Alcaldía de Petro se está haciendo por vía directa, buscando todo tipo de quiebres para no cumplir con la Ley 80.
Las denuncias de De Roux son documentadas y concretas, según la revista Semana, tomó tres multimillonarios contratos (paraderos de buses, operadores de Transmilenio y trámites del tránsito) que tuvieron el mismo problema: en vez de sacarlos a nueva licitación para obtener mejores ventajas, los renovaron con justificaciones poco claras.
También en declaraciones a la revista Dinero, Alejandro Botero, el mismo que encendió el ventilador del cartel de la contratación de la Alcaldía de Samuel, dijo que ese negocio se definió en el apartamento del concuñado del alcalde, Carlos Gutiérrez, y que Petro estaba presente.
Petro, dirá: “Por haber denunciado el cartel de Samuel, gané la Alcaldía de Bogotá, lo que automáticamente me generó toda la credibilidad de los ciudadanos en mis actuaciones administrativas, igualmente me libraré de cualquier sospecha y de toda culpa por los contratos que autorice a dedo, sin ninguna licitación”. Con decretos sencillos los legalizaré y todos serán muy felices. Así los bogotanos, observarán desfilar por las calles la máquina tapahuecos, como cualquier reina de belleza, entonces seré digno de admiración y de apoyo a mi gestión como Alcalde Mayor.
Según el Alcalde Mayor “su concuñado Carlos Gutiérrez no es un familiar, pues solamente es el esposo de la hermana de su esposa, pero no hay ninguna relación”. Me imagino que esto lo afirmará a espaldas de su esposa, pues si se llegare a enterar que le está negando estos vínculos le clavará otro cacerolazo en su brillante cerebro de ideas contradictorias.
Coincidencialmente el jurista Jaime Lombana Villalba lanzó en estos días su gran obra Corrupción, Cohecho y Tráfico de Influencias en España y Colombia. En ella plasma cómo la corrupción es sin duda la forma de criminalidad que atenta de manera más directa contra los principios del Estado social y democrático de derecho, deslegitima la democracia, privatiza la ley, afecta las políticas económicas que fundamentan el Estado social y además destruye la confianza de todos los ciudadanos en el propio sistema.
También afirma con razón que la corrupción “es una consecuencia de la codicia humana, que surge fundamentalmente de las carencias e insuficiencias de la moral cívica y pública que necesita toda sociedad política para mantener su viabilidad. La corrupción se va instalando como un comportamiento social a través de una compleja red que está institucionalizada dentro de la comunidad, donde a los corruptos poco les importa los perjuicios que genera su comportamiento desvalorado a la comunidad”.
Además de la codicia y del egoísmo, la debilidad de la administración de justicia y la corrupción misma de los operadores judiciales, como lo menciona Salud Hernández en su artículo “Magistrados corruptos”, la corrupción se origina, entre otras causas por los personalismos, los cuales generan una cadena de lealtades basadas en conceptos equivocados de amistad o cercanía propia, regional o partidista y ajenos al interés público, llegando a la conformación de verdaderos carteles de la corrupción en que se resalta su protagonismo en la contratación estatal.
Petro, como fiel discípulo de Poncio Pilatos, no ha perdido la costumbre de lavarse las manos ante cualquier dificultad. Que sí, que no, que yo no fui, que durante el tiempo que se hizo el contrato yo no estaba, etc., etc.
Con estos argumentos nuestra capital sucumbirá en los abismos de la corrupción, si continuamos dando crédito a las respuestas populistas de Petro, que siempre termina saliéndose por la tangente.