SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

A la deriva

 “EL  centralismo nos está matando” afirman Katia Elena Outten  Lynton, representante de la comunidad raizal en la junta directiva  de la Occre (oficina de control y circulación de residencia) y Patricia Bowie, líder comunitaria de la loma, representante de las Juntas en el Consejo departamental de planeación de los sectores raizales.

La comunidad raizal tiene origen indígena nativo y ancestral de la isla,  fueron descubiertos  por los ingleses puritanos hace 181 años.

Dialogar con  dirigentes de las comunidades raizales es encontrar necesidades no resueltas por nuestro Gobierno central. Se quejan de que los funcionarios cuando visitan la isla, en misión gubernamental,  lo hacen en plan turístico, vienen en plan de shopping para luego regresar a la capital donde elaboran un proyecto a la bogotana, que posteriormente envían al gobierno departamental para que lo adopten en su plan de desarrollo.

El sistema de salud  fue privatizado sin ninguna planeación, no cuenta con  médicos especialistas. En San Andrés existe una superpoblación con más de 150.000 habitantes, lo que ha traído un deterioro social y ambiental del territorio.

Los pescadores están supeditados a la vigilancia nicaragüense que les impide acercarse al meridiano 82, lo que ha encarecido el precio del pescado. En cuanto a la agricultura, después de ser los mayores exportadores de frutas tropicales del Caribe, ya no lo son, hoy dependen únicamente del turismo.

La comunidad raizal  no quiere que sus proyectos se hagan desde la capital de la república. Exige que los 70 millones de dólares que serán entregados por el BID para desarrollo urbano integral, acueducto y alcantarillado, infraestructura costero y gestión de riesgo, se inviertan cumpliendo  los requisitos exigidos en la Constitución, artículos 2,7 y 40 que reconocen y protegen la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, dándoles derecho a los ciudadanos para participar en la conformación, ejercicio y control político.

Todo ello sujeto a la ley 21 de 1991, que aprueba el convenio 169 de la OIT, donde se establece la consulta previa como derecho fundamental, trámite obligatorio que debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia, cada vez que se pretenda tomar decisiones que afecten a las comunidades.

Tan pronto la Corte Internacional de La Haya se declaró competente, el Presidente Santos acudió a San Andrés, con bombos y platillos en compañía de su Canciller, para declarar que defendería la soberanía hasta la muerte, pero ignoró a los raizales. Los raizales en señal de protesta lanzaron sus cédulas al piso manifestándole al Presidente que sus peticiones si eran atendidas  en Nicaragua, mientras que en Colombia eran ignoradas.

Señor Presidente, la soberanía no se ejerce únicamente con su presencia el día de la independencia en el desfile militar, ni cuando se pronuncia la Corte Internacional de la Haya,  se ejerce con la participación activa de sus comunidades en la elaboración de sus proyectos de desarrollo.