Otro crimen atroz contra una niña volvió a ocurrir en territorio nacional. En el municipio de El Retorno en el departamento del Guaviare fue violada y asesinada una niña de tan solo 10 años de edad por un depredador sexual que tenía órdenes de captura vigentes por delitos similares.

La reacción social cada vez que ocurren ese tipo de delitos es cíclica. Los vecinos del lugar donde ocurren los hechos reaccionan con rabia e indignación contra los autores. Si son identificados y aprehendidos, se les lincha o se intenta hacerlo. En El Retorno ocurrió así.

Las organizaciones políticas casi siempre se montan en esa ola de indignación para pedir incremento de penas y reducción de beneficios procesales y carcelarios en contra de los responsables. Como la pena para ese tipo de delitos ya está en la máxima que permite el Código Penal Colombiano (60 años de prisión) y no existe ninguna clase de beneficios procesales o carcelarios, se ha vuelto a poner de moda la petición de cadena perpetua para ese tipo de delincuentes.

La propuesta divide ampliamente a la comunidad jurídica nacional y a la opinión pública en general. De hecho la casi oficialización de la decisión de tramitar el proyecto de Acto Legislativo que adopte la medida de prisión perpetua, precipitó la renuncia de Ricardo Posada Maya, un respetado académico dedicado al derecho penal que presidía la Comisión Asesora de Política Criminal, que habría desaconsejado la medida.

La adopción de la prisión perpetua en Colombia significaría un cambio verdaderamente extremo en los fundamentos filosóficos y constitucionales no solo de la política criminal del país, sino de la carcelaria. El sistema constitucional y penal colombiano está montado sobre el principio de que no hay penas irredimibles. Y se funda en el principio humanista y esencialmente católico de que todo ser humano, por perverso que haya sido su crimen, puede redimirse.

Sin embargo, esa aspiración filosófica se enfrenta a la evidencia empírica que señala que un alto porcentaje de los delincuentes sexuales reinciden en su patología, de modo que los Estados se enfrentan al dilema de cómo tratar ese tipo de delincuentes. Es un problema universal, no solo de Colombia.

En Colombia, hasta ahora, hemos optado por elevar las penas de prisión al máximo -60 años- y suprimir cualquier clase de beneficios procesales o carcelarios para los condenados por ese tipo de ilícitos. Si se cruzan las edades promedio de los delincuentes con el máximo de la pena imponible, en la práctica ya hay prisión perpetua.

Hacen falta estudios sicológicos y siquiátricos que caractericen cuál es el perfil del delincuente sexual colombiano. Análisis estadísticos que determinen si la elevación de las penas a 60 años de prisión desestimó o no la comisión de ese tipo de ilícitos. Y que analice y entregue algún diagnóstico de cómo es el comportamiento carcelario de los reclusos condenados a esas penas y por esos ilícitos.

Si tuviéramos toda esa información, probablemente tendríamos mejores herramientas para proteger a nuestros niños y adoptaríamos decisiones políticas más duraderas y estructuradas que las de simplemente responder a la explicable indignación popular. 

@Quinternatte