IMPUNIDAD Y FARC
Falta mucho
RUMORES corren, fomentados por el Gobierno y las Farc, que está próximo un acuerdo final en La Habana, a tal punto que el expresidente Uribe habla de organizar una “resistencia civil” al supuesto acuerdo, la que consistiría, principalmente, en difusión de documentos y manifestaciones públicas.
Probablemente se firme un nuevo acuerdo, pero no será definitivo y no olvidemos que “nada está convenido, hasta que todo esté convenido”. No será definitivo porque falta mucho para que todo esté convenido. Salen acuerdos parciales para evitar el desespero público, desespero que se manifiesta en las encuestas de opinión, en las que podemos ver que la mayoría de los colombianos no cree en un feliz final a las tratativas. Llevamos años oyendo que el acuerdo final está próximo. Cuando comenzaron las conversaciones públicas en Cuba, el Presidente dijo que sería cosa de unos pocos meses y ya llevamos casi cuatro años. Es la táctica de algunos carreteros para que el asno siga caminando, con una vara sostener frente al animal una zanahoria, de manera que esté siempre la persigue, sin nunca alcanzarla, pero manteniéndole la esperanza de hacerlo.
Y lo que resta no es poca cosa. Falta decidir quiénes nombrarán los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz; el procedimiento que seguirán; cuantas serán las zonas de concentración de los guerrilleros y dónde estarán; como se hará el desarme y su supervisión; cómo repararán las Farc a sus víctimas (recordemos que se han declarado pobres de solemnidad, aunque el director de la UIAF perdió el puesto por decir lo contrario); la guerrilla pretende que el ejército no se involucre en la guarda del orden interno sino solo la policía; el cómo juzgar a los guerrilleros cuando, según Iván Márquez, “las Farc no harán confesiones individuales, harán declaraciones colectivas de verdad, asumiendo su responsabilidad”. También debe precisarse cuál será la participación política de los cabecillas farianos; en fin, los negociadores deben resolver las 29 “salvedades” que se han hecho a los acuerdos parciales y la verificación de los acuerdos no será cosa fácil.
No olvidemos que para validar muchas de las concesiones a la guerrilla, como la participación política de guerrilleros y para que rijan los acuerdos, debe modificarse la Constitución y aprobar muchas leyes, lo cual tomará mucho tiempo. La impunidad para quienes han cometido delitos atroces como la bomba del Club El Nogal o Bojayá es lo que más repugna a la opinión pública y va en contravía del derecho internacional moderno, como lo han manifestado Human Rights Watch y Uribe. Para la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, la pena a imponer por los crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio debe ser proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos.