La guerra o la paz

La presente campaña presidencial no pasará a la historia como ejemplo caballerosidad, tampoco como contienda ideológica. Los medios de comunicación olvidaron que sus preferencias partidistas deberían reducirse a las páginas editoriales y el resto del espacio debía consagrarse a informar objetivamente. La caballerosidad fue pisoteada por unos “asesores” movidos solo por el fin buscado y los honorarios percibidos “quota litis” como se dice derecho; se destacaron espías informáticos que vendieron sus ilícitos al mejor postor. Debate ideológico no ha habido. Un bando se dice poseedor de la fórmula de la paz y tilda al otro de amante de la guerra. El otro se defiende aduciendo que el contrincante vende su alma al diablo por la reelección. Además de tratar de utilizar la búsqueda de la paz como argumento partidista y no como política de Estado, los asesores que planearon esta estrategia cometieron un grave error, el afirmar que quienes no acepten lo que se convenga en La Habana no quieren la paz, error comprobado en la primera vuelta electoral. Los colombianos, que todos quieren la paz, no creyeron el argumento y su reiteración para la segunda vuelta, como con la propaganda de la campesina que “no prestaría sus hijos para la guerra” y aconseja seguir su ejemplo, es considerada un insulto a las Fuerzas Armadas y es retomar el viejo argumento de las Farc de que deben cesarse las hostilidades contra ellas, defensoras de los campesinos y acabar con la muerte de los soldados, para que puedan imponer la “verdadera democracia”. El Estado colombiano lucha contra el terrorismo que quiere esclavizarnos, no porque ame la guerra. Es para evitar que un grupo de forajidos remplace  por la violencia al gobierno legítimo por un Estado totalitario, con un sistema económico contrario a la propiedad privada, que pretende reemplazar la economía de mercado por el capitalismo de Estado. Por eso es por lo que el Estado colombiano tuvo que defenderse por las armas. La paz debe llegar cuando las instituciones democráticas no sean atacadas violentamente, cuando las leyes en Colombia sean hechas por representantes del pueblo elegidos por mayoría de votos, cuando el monopolio de las armas lo tenga el Estado, cuando los actos terroristas, la tortura, el secuestro, la extorsión y el asesinato sean penalizados. Esos son los principios que una sociedad justa y democrática debe defender y hacer imperar. Si una paz se lograse renunciando a los principios fundamentales se estaría dando patente de corso a los violentos que comprobarían que el terrorismo paga. El no haber construido un proceso de paz como política de Estado, se repite, ha sido el gran error. Ha dejado la duda sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar este Gobierno. ¿Podrá despejarse en los próximos quince días?