Santos y la justicia internacional

Desde  hace mucho, la comunidad internacional trata de dotarse de instituciones en cuyo seno los Estados puedan arreglar pacíficamente sus diferendos siguiendo una normatividad acatada por un gran número de ellos y que asegure el respeto de los derechos humanos y de la justicia en general. Así nacieron la Liga de las Naciones y luego la Organización de las Naciones Unidas, junto con la Corte Internacional de Justicia y, más recientemente, la Corte Penal Internacional.

Colombia hace parte del gran número de Estados que ha propugnado por la creación y extensión de estas instancias supranacionales en aras de la armonía internacional y de hacer prevalecer las vías de derecho sobre la fuerza, así, adhirió a la ONU desde su inicio en 1945, dentro de cuya Carta (artículo 93, inciso 1°), está la obligación de los Estados miembros de aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, aceptación ratificada por nuestro país en el Pacto de Bogotá firmado en 1948 durante la IX Conferencia Panamericana. Más recientemente firmó en 1998 el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, lo que fue ratificado en 2002 durante la administración de Andrés Pastrana, y mediante el cual se busca evitar que los Estados cohonesten los crímenes contra los derechos humanos no castigando a sus perpetradores. Desafortunadamente el actual Gobierno pareciera estar renegando de esta política porque intereses coyunturales no encuentran acomodo dentro de la supranacionalidad, lo que implicaría volver a épocas cuando los problemas entre las naciones se resolvían según la ley del más poderoso: o se acude a la guerra o el más débil se inclina ante la fuerza del oponente. El fallo de la CIJ nos fue desfavorable en buena parte; la reacción ha sido la misma de los funcionarios de la colonia española: “se acata, pero no se cumple”. En este caso se acata, pero “no se aplica”. ¿Se espera que le toque “aplicarlo” a otro gobierno posterior?

En cuanto a la Corte Penal Internacional, esta ha manifestado por boca de sus fiscales generales, Luís Moreno y ahora Fatou Bensouda, que podría procesar a los culpables de crímenes de lesa humanidad (los cabecillas de las Farc) que no paguen cárcel. Santos se quejó de esto ante la Asamblea General de la ONU: “Me niego a concebir un sistema de justicia internacional que obstaculice el camino de una nación que busca terminar un conflicto”. El problema para el Gobierno es que las Farc no solo no quieren pagar prisión por sus crímenes, lo que lograrían fácilmente asilándose en Cuba o Venezuela, sino que quieren, y parece que el Gobierno está dispuesto a concederles, curules en el Congreso. Difícilmente aceptará la CPI este otorgamiento de impunidad gratificada en el Siglo XXI. ¿Denunciará Colombia el Tratado de Roma, así como denunció el Pacto de Bogotá?