Cortes desbordadas

“Una Constituyente para evitar la dictadura de jueces”

PARA  nadie ha sido sorpresa que las altas cortes atacaran la propuesta de reforma a la justicia planteada por el Gobierno. Era necesario que cualquier proposición tenía que recortar las prerrogativas de orden político que hoy tienen los magistrados, al menos las más notorias. Así fue, efectivamente. La iniciativa del gobierno niega a las cortes la autoridad para nombrar Procurador y Contralor (debería también haberle quitado el poder de escoger al Fiscal de cuya penosa última designación todos nos acordamos), inhabilita a los magistrados para ser elegidos popularmente durante cinco años y elimina el Consejo Superior de la Judicatura, negándoles a unos magistrados el poder de investigar y sancionar a los abogados. Además, suprime la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia para investigar a los congresistas, para radicarla en la Fiscalía, e impone la doble instancia, principio básico de una sana administración de justicia, cuando se juzga a los altos funcionarios del Estado. Atribuciones todas estas que sumergen a los magistrados en la politiquería pura. Para tratar de acabar aquello de que la vida útil de un abogado litigantes es de dos procesos ordinarios, se da, provisionalmente, facultades a algunos abogados y a notarios para fallar ciertos procesos.

Claro que todo esto no podía gustar a los altos jueces, que deberían, más bien, consagrarse a su función esencial de administrar justicia. Salieron enseguida, sin hacer una propuesta, a clamar que se “afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia”, se viola la independencia de los jueces y amenazaron buscar una veeduría internacional. El presidente del Consejo de Estado señaló que la autonomía y división de poderes es fundamental para la existencia de la democracia, en lo que estamos de acuerdo. Lo que olvida el magistrado es que son las cortes las que atentan contra el equilibrio entre los poderes públicos al politizarse y al invadir la esfera de los otros, por ejemplo, arrogarse sus facultades. Para las altas cortes, la ley no es la que ha aprobado el Congreso sino la que ellos quieren que sea. ¿Como es eso de que si el Congreso no se pronuncia sobre el “matrimonio” de los homosexuales antes de julio del 2013, estos se podrán “casar” ante un notario; o determinar inexequibilidades que entran a regir meses después de decretarse; otras que se hacen efectivas meses antes de dictarse la sentencia de inconstitucionalidad; fallos cuyo texto se publica solo meses después de anunciados ante la prensa; dar carácter obligatorio general a sus fallos; etc.?

Las leyes las hacen los representantes del pueblo, el Congreso, y no los jueces. Alfonso López Michelsen lo dijo: “La Corte ha asumido funciones legislativas, o, como dicen los profanos: ‘La Corte ha desbancado al Congreso’”. La propuesta gubernamental se queda corta y se necesitará de una Constituyente para evitar en Colombia la dictadura de los jueces.