Impotencia gubernamental
Después de más de dos meses, un considerable grupo de empleados de la rama judicial continúa en huelga, paralizando la administración de justicia, una justicia que es de las más lentas del globo. Según el informe “Doing Bussines 2011” del Banco Mundial es la sexta justicia más tardía del mundo y la tercera más lenta de América Latina. Caracol citó un estudio según el cual, a fines de 2011, se encontraban 2´442.804 procesos acumulados en las distintas jurisdicciones.
La morosidad en los procesos es tal que, según estimaciones académicas anteriores al paro, se necesitarían diez años para desatrasarla. En Bogotá, según el estudio, hacer cumplir un contrato judicialmente lleva 751 días y en este rubro, en nivel mundial, ocupamos el puesto 149 entre 183 países. Quién sabe ahora cómo serán esas cuentas. Los empleados judiciales han afirmado por boca de Luís Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial que la razón principal de este atraso está en un escaso presupuesto y las bajas remuneraciones. Pero Armando Montenegro calculó que este presupuesto es en Colombia del 0,9% del PIB, mayor que lo que destinan Alemania, Inglaterra, Francia, México o Brasil y que en Colombia la relación de jueces a habitantes es 11/100.000, más alta que la de los países mencionados y semejante a la de Estados Unidos y Suecia. La verdadera razón de la ineficiencia de nuestra administración de justicia radica, no en sueldos o presupuesto, sino en la indolencia de los empleados. Funcionarios que no van a los despachos, que dedican buena parte de su tiempo a dictar clases y a compartir con sus amigos en los cafés vecinos y los de más alto rango asistiendo a “congresos” internacionales o discutiendo sobre nombramientos. El exmagistrado Jaime Arrubla citó una afirmación perturbadora del diario El Heraldo de Barranquilla: “La Corte Suprema ha llegado a un estado tal de cosas inmorales, que cada vez se parece más al Congreso de la República que en 1991 hizo necesaria la Constituyente y su revocatoria inmediata. Prebendas, negociaciones…, carruseles de favores, agencia de empleos para sus familiares, es parte, pero no todo, del despeñadero moral…”. Daniel Coronell, en un artículo titulado Consejo Superior de la Sinvergüenzura destaca que en menos de tres años se nombraron en el Consejo 90 magistrados auxiliares y “En decenas de casos se ha tratado de funcionarios a punto de pensionarse, que cuadruplicaron el monto de su jubilación gracias a la palomita”. Pero aterra la impotencia del gobierno para solucionar una huelga inconstitucional, que no puede obtener la declaratoria de ilegalidad del movimiento, que no insiste en solicitarla y que continúa pagando las remuneraciones de funcionarios rebeldes. Álvaro Uribe se dio cuenta del peligro que supone para nuestra democracia la rama judicial y trató de contenerlo pero perdió la batalla. Al menos la dio. El gobierno actual se declaró derrotado antes de darla.