Mucho ruido y pocas nueces

Por  estar haciendo demagogia con el fallo de la CIJ sobre San Andrés el presidente Santos nos ha metido en un enredo mayor, del que no solo él, sino Colombia, saldrán muy mal. En cuanto a Santos personalmente, las encuestas demuestran sus repercusiones. En realidad ni Santos, ni la ministra Holguín tienen culpa en el desenlace del litigio pues este viene de atrás, cuando se creyó que todas las pretensiones nicaragüenses serían negadas, de lo que, correctamente, dudó la ministra cuando habló de la posibilidad de un fallo “salomónico”. No hay abogado serio que pueda asegurar a su representado que el pleito se va a ganar y no creemos que ninguno de los distinguidos juristas que asesoraron a Colombia hayan dado esta garantía. Pero el Gobierno, con sus comportamientos populistas posteriores al fallo (el retiro del Pacto de Bogotá, “no vamos a permitir que a Colombia le destruyan un departamento”, “posiblemente declararemos el estado de emergencia”, “vamos a defender la soberanía”, “contemplamos desconocer el fallo”, “nuestros barcos de guerra están en el meridiano 82”, etc.) lo que ha logrado es adjudicarse la responsabilidad y terminará aceptando la decisión en medio de las burlas de Ortega sobre la apelación a la corte celestial y habiendo dañado nuestra reputación de país respetuoso de sus compromisos, que acata las decisiones de tribunales a cuya jurisdicción se acoge solo cuando les son favorables. ¿Es este el ejemplo que queremos dar a los colombianos que son desfavorecidos por sentencias judiciales? Las descalificaciones a la idoneidad jurídica de la Corte no son serias, tal vez se entenderían en un Chávez o un Correa, no en un Presidente colombiano. Nadie lo ha apoyado internacionalmente. En Unasur Santos no logró respaldo pero Chile y Perú declararon expresamente que acatarían la sentencia que la Corte dictara en su propio diferendo. Basta leer el fallo para darse cuenta de que no es cierto que la Corte haya descuidado los intereses de terceros países (el fallo no tiene efectos respecto a ellos, #162), no se ven las “omisiones, errores, excesos, inconsistencia, que no podemos aceptar”. El tratado colombo-nicaragüense de 1928 fue expresamente reconocido y por eso se rechazó la solicitud nica de soberanía sobre las islas, pero, y allí estuvo el quid del asunto, la Corte dijo, desde 2007, que este tratado no establecía el meridiano 82 como frontera marítima, argumento cardinal colombiano y luego invocó jurisprudencia según la cual "El objeto es lograr una delimitación equitativa, no distribuir en partes iguales los espacios marítimos”. Se puede disentir sobre la aplicación del concepto de equidad para decidir una delimitación pero, desafortunadamente, la jurisprudencia, citada en el fallo, lo permite. Esto lo sabíamos y nuestros abogados lo habían mencionado en el proceso. El Gobierno lo que debe hacer es bajarle el tono a sus protestas y esperar que amaine el inapropiado bullicio que creó.