Como si se tratara de una final del fútbol, el cierre de sesiones del período legislativo parece poner al borde de la ansiedad no solo al legislativo sino también al ejecutivo, por cuenta de la expectativa por lograr aprobaciones de leyes o reformas, que terminan por ser apresuradas, en contra de la eficacia programática y operativa del Congreso y de la conformidad ciudadana.
Entonces, en gran medida, los ojos del legislativo terminan sumidos en la agenda del ejecutivo. El gobierno, por supuesto, no descansa hasta ver aprobar sus proyectos estrella, pero el Congreso no puede dejarse medir sólo por aquello que esa agenda le impone.
Como se ha dicho en otras ocasiones (columnas La hora del Congreso y Agenda Congreso), es necesario sentar el compromiso de los parlamentarios con las necesidades y aspiraciones de sus electores, desde una perspectiva que permita a la ciudadanía comprender, desde un comienzo, su proyección y alineación con tales propuestas, tanto de las bancadas como de una Agenda coordinada conjunta, con una relación de políticas o temas centrales para trabajar en los cuatro años de legislatura.
En México, la Ley Orgánica del Congreso prevé, por ejemplo, que en la primera sesión de cada período ordinario cada grupo de parlamentarios (podrían asimilarse a las bancadas de cada partido) presente los principales asuntos que pretenden abordar, con la debida exposición de motivos, como agenda legislativa y una comisión de coordinación se encarga de compendiar las distintas propuestas de los diferentes partidos, de sacar convergencias y de impulsar acuerdos.
El investigador César Delgado Guembres le atribuye a esta Agenda Legislativa la virtud que tiene cualquier tarea ordenada como es la de la planeación y, en particular, la articulación programática con una visión prospectiva, capaz de realizar acuerdos, ahí sí, de “acuerdos sobre lo fundamental”. La acción legislativa, recalca, partiría de la dinámica de la dirección por objetivos, sería más transparente, conocida y medible y mejorarían el impacto por resultados, la rendición de cuentas y la misma credibilidad del Congreso.
Entonces, puede pasar, que una reforma a la salud sea vista como necesaria por los distintos partidos donde habría puntos de encuentro, cuya aprobación se facilitaría, y se tendría la claridad de los puntos irreconciliables. La ciudadanía, en democracia, contaría con la agenda de reformas que anuncie el presidente, pero también con las reformas que de antemano se compromete el Congreso, ante las cuales hay un plan de acción, aunque sobre la mesa haya dispares posiciones.
Un caso específico es la urgencia que puede representar la necesidad de corregir las deficiencias financieras del Sistema de Salud. Si el asunto estuviera dentro de la Agenda Legislativa de Acuerdo Mínimo, como un tema de preocupación general de las distintas fracciones, el pleno del Congreso se vería obligado a tomar acciones al interior para conseguir el consenso, porque lo reconoce como fundamenta, a su vez moderaría la polarización ante hechos de trascendencia y pondría filtro a cambios inconvenientes. Sería una hoja de ruta visible.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI