¡LAS VÍCTIMAS!: centro del Acuerdo Final y, sobre todo, del llamado Sistema de Verdad, Justicia y Reparación están siendo literalmente estafadas. El proyecto de ley estatutaria de la JEP se olvidó de ellas, pues sus victimarios, sin repararlas efectivamente, más allá de unos pocos actos de contrición sensiblera; sin contar toda la verdad, como lo ha demostrado el Fiscal; sin romper vínculos con el narcotráfico y, lo que es peor, sin pagar pena alguna, ni siquiera de esas bufas de la justicia restaurativa, podrán participar en la contienda electoral y resultar elegidos para representar a la sociedad que agredieron.
La aprobación de la ley de la JEP se convirtió en una confrontación entre las Farc, el Gobierno y sus socios en el Congreso, de una parte, tratando de meter goles amparados en los presuntos compromisos inmodificables del Acuerdo, y de otra, un amplio sector político y de la sociedad civil tratando de taparlos, respaldados por el mandato de la voluntad popular en las urnas, este sí no presunto, sino efectivo, aunque el Gobierno lo haya desoído en claro atentado contra la democracia.
De no ser por la Corte Constitucional, que tapó el primer ataque, ya tendríamos ley estatutaria dictada desde la Comisión de Seguimiento, aprobada en bloque, examinada por la Corte solo en aspectos de procedimiento y, eso sí, perfectamente ajustada al Acuerdo Final.
Cuando, a finales de septiembre, el Fiscal hizo válidos reparos a la JEP, que ya había hecho en julio ante la Corte, la izquierda, los áulicos del Gobierno y, por supuesto, las Farc, buscaron descalificarlo. Santiago, el abogado fariano, lo tildó de incoherente, le espetó que él no era parte del Acuerdo y que si pretendía fungir de negociador debió haber estado en la mesa. ¡Qué tal!
Vivian Morales demostró garra y dignidad neutralizando la intentona de permitirles a abogados extranjeros, colegas del pretendido virrey Santiago, litigar ante la JEP, no para defender a miembros de las Farc, que tienen impunidad garantizada, sino para actuar en contra de los enemigos de sus patrones.
Cuando, finalmente, las observaciones del Fiscal se debatieron y fueron aprobadas en comisiones primeras, el movimiento “voces de paz” puso el grito en el cielo y el senador Cepeda radicó proposiciones para tumbarlas en las plenarias de Senado y Cámara.
Las mayorías no aprobaron inicialmente el artículo que permitía a integrantes de las Farc participar en política sin haber recibido las sanciones de la JEP; pero entonces aparece el inefable senador Benedetti solicitando nueva votación. Qué vergüenza. Cuando las cosas no les salen bien a las Farc, el Gobierno interviene para vulnerar el reglamento, hacer receso, pescar senadores escurridizos y garantizar que funcione el chantaje de la Casa de Nariño al que me referí en mi pasada columna.
El Presidente cumplió su amenaza, echó a Cambio Radical del Gobierno y, de paso, perdió su carta más segura para 2018. Hoy busca raspados de mermelada para meter más goles y sacar la ley estatutaria en las plenarias, mientras las víctimas pasaron del centro de la escena al marginamiento del olvido.
Nota bene: La Corte fue salomónica, es decir, ni con Dios ni con el diablo. El Acuerdo no se incorpora a la Constitución, pero es referente, “de buena fe”, para su desarrollo legislativo y obliga a los tres próximos gobiernos. Reputados constitucionalistas, por el contrario, recuerdan que, en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Un gobierno, un congreso y una corte diferentes, pueden modificar normas y jurisprudencias en beneficio del pueblo al que este gobierno le puso conejo con el plebiscito.
@jflafaurie