La Unión Europea (UE) aprobó un presupuesto de euros 750.000 millones, una cifra difícil de traducir a pesos colombianos, para un fondo de reconstrucción económica de la zona luego de la pandemia más un marco financiero plurianual de mantenimiento de más de un billón de euros. Todo bajo la dirección de Ángela Merkel que estará ejerciendo la presidencia hasta principios del año entrante. No fue una negociación fácil y tomó varias semanas alcanzar un acuerdo entre las 27 naciones que conforman el grupo, que no son tan homogéneas como uno pudiera pensar.

El principal tropiezo lo encontraron con un veto de Hungría y Polonia. El veto es un mecanismo que tienen los países para negarse a aceptar directrices de Bruselas que consideren injustas para sus ciudadanos o su soberanía. De hecho, el proyecto vinculaba el desembolso de las ayudas europeas al respeto al Estado de Derecho (uno de los valores fundamentales de la UE según el artículo 2 del Tratado), que es aquella manera de gobernarse las personas y el propio Estado, que se someten a leyes promulgadas públicamente que se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos, según una definición del Secretario General de la ONU en 2004.

Hungría y Polonia no pasan el examen, según el Consejo de la UE, y tienen sendos procesos de los mencionados en el art. 7 del Tratado. La verdad es que, si se lee cuidadosamente el “Reporte sobre el Estado de Derecho de 2020”, en todos los Estados hay problemas y Hungría y Polonia no son la excepción. Pero estos dos Estados son los únicos en la UE que se mantienen fieles a la tradición católica en Europa y no siguen las reglas sobre aborto, eutanasia, matrimonio gay y demás que hoy invaden la sociedad laicizada, aunque en el Reporte no se mencionan estos asuntos.

Hungría y Polonia rechazaron la vinculación del Marco Financiero y el presupuesto a sus procesos, lo cual paralizó el asunto. Incluso se pusieron en riesgo los desembolsos en asuntos tales como el cambio climático y la ejecución del nuevo presupuesto de la UE para el 2021.

Gracias a la gestión alemana se dio una declaración del Consejo Europeo que reafirma la voluntad de aplicar de manera justa y no discriminatoria el nuevo reglamento sobre protección del Estado de Derecho y entonces los países implicados retiraron su veto. Según manifestaron los primeros ministros de esas naciones “hoy por mí y mañana por ti”, porque es claro que en el futuro podrían otros Estados (España, por ejemplo, que está adoptando leyes sobre educación contrarias al sentir ciudadano y donde es clara la orientación anticristiana del gobierno) verse en problemas por esa razón.

La economía europea se contrajo en 15% en el primer semestre de 2020, pero se prevé que al final del año sea de sólo un 8%. El desempleo alcanzó el 7.5% al tercer trimestre y el PIB cayó un 8%.

Curiosamente las cifras de Hungría y Polonia son de las mejores entre todos los países de la UE.

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Coda: El Club El Nogal tendrá que indemnizar a unas víctimas de la bomba que pusieron las Farc en 2003. Así lo decretó un juez porque la ministra de defensa de entonces (hoy vicepresidente) se quedó en él tres o cuatro noches y se decía que allí se reunían paramilitares, lo cual convirtió al Club en objetivo militar y no tomó las medidas precautorias necesarias. ¡Con estos jueces para qué enemigos!