No es claro para mí en qué momento de la historia de Colombia se pasó de la protección a las minorías a la opresión a las mayorías, ni en qué momento se determinó que algunos grupos pudieran determinar el futuro del país por encima de las mayorías establecidas; en algún punto se pasó de la protección a las minorías a la opresión de las minorías y se pasó de tener unas minorías étnicas reales a que las minorías sean la mayoría de la población.

Debo comenzar por manifestar mi profundo respeto por las comunidades indígenas del país y por decir que no estoy en desacuerdo con que tengan el derecho a expresar sus opiniones y a manifestar sus puntos de vista, pero sí estoy en desacuerdo con que se hayan convertido en una especie de repúblicas independientes que generan trabas al desarrollo del país, sin ningún tipo de criterios técnicos para ello.

Me estoy refiriendo a la consulta previa, un mecanismo introducido por la Constitución del 91 para consultar las intervenciones en los territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes, con dichas comunidades; algo que, como ya manifesté, no está para nada mal. El problema está en la dimensión y el uso que se le ha venido dando a esta herramienta, que ha detenido y encarecido el desarrollo de muchos tópicos en el país.

En el afán proteccionista de algunos órganos del Estado, se otorgó el derecho a la consulta previa en algunos instrumentos de planificación integral del territorio, tales como los “Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (Pomcas), en lugar de mantener la mencionada consulta en los proyectos específicos derivados de dichos instrumentos; con ello se entrabaron varios de estos instrumentos de planificación y el país podría quedar sin la planificación y la construcción de las determinantes ambientales en algunas cuencas, con lo cual el deterioro aumentará, sin beneficio para nadie.

Es un hecho conocido que a hoy ninguna autoridad puede determinar a ciencia cierta el número de comunidades que existen en el país ni su ubicación exacta. Tampoco es factible mantener el control sobre sus gobiernos o sobre cuáles son los interlocutores válidos. Y, peor aún, el Ministerio del Interior no tiene recursos suficientes para atender todas las consultas previas requeridas en el país. Como consecuencia de lo anterior se generan demoras y sobrecostos que bien pudieran evitarse.

Es otro hecho conocido que los desarrollos de las consultas pasan por negociaciones de tipo económico que en muchos de los casos no están relacionadas con los posibles daños que se pudieran generar a un territorio. Se cree absurdamente que un pago económico podría compensar la pérdida de un ecosistema. Existen procesos de planificación en que algunas comunidades han exigido hasta tres mil millones de pesos para permitir el estudio del territorio con miras a desarrollar los instrumentos que permitan hacerla de buena forma.

Algo habrá de hacerse en este aspecto para permitir el desarrollo de obras inconclusas de gran importancia nacional y algún control tendrá que tener el gobierno nacional sobre esta especie de extorsión en la que, en algunas ocasiones, se convierte el mecanismo de participación. Sería interesante que dicha participación se diera a través de pares técnicos y no a través de líderes que superponen la cosmogonía a la ciencia.

No es difícil entender que la visión occidental y la visión ancestral son diferentes; no es difícil entender que las comunidades tienen el derecho de participar en los proyectos que los afecten; lo que es difícil es aceptar que una tiranía de las minorías bloquee el desarrollo de las mayorías con criterios económicos.