Si en pueblos y ciudades hay pobreza, marginación y miseria, en el sector rural del país la cosa es peor, tres veces mayor.

La inequidad es más visible en mujeres y hombres campesinos que en gentes de las ciudades. 

El desempleo es aún más acentuado en la zona rural del país.

La falta de condiciones básicas para mejorar la calidad de vida de habitantes del campo, impide el desarrollo agropecuario y limita su acceso a los mercados.

Las familias dedicadas a faenas agropecuarias han sobrevivido a la pérdida o robo de sus propiedades, la extorsión, el secuestro, el miedo y precarios servicios públicos.

Quienes cultivan, explotan y comercializan la tierra no tienen mucho de donde echar mano para crecer y generar riqueza. La mayoría de sus recursos se los han quitado, los han hurtado los bandidos, algunos terratenientes o tradicionales hacendados.

La tierra en Colombia, por fortuna, en su mayoría, es de pequeños cultivadores, minifundistas que viven del pan coger diario.

A buena hora, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó que el Gobierno bajo ningún motivo permitirá que en el texto del proyecto de Ley de Tierras se vulnere el principio de propiedad privada, seguridad alimentaria y acceso a tierras. 

El funcionario recibió instrucciones del presidente Santos para que esos principios no se vulneren y para que esta Ley genere unión y no división entre los actores del campo colombiano.

La inequidad del campo, los niveles de pobreza -tres veces más altos en las zonas rurales que en la ciudad-, la falta de formalización de títulos de propiedad y de acceso a tierras por parte de la población campesina, la carencia de reglas jurídicas claras para que haya mayor inversión y la necesidad de fortalecer los principios productivos del capitalismo y de la propiedad privada, hacen necesarios la expedición de una nueva norma sobre tierras, sustentó el ministro Iragorri.

El espíritu del proyecto de Ley se resume en los siguientes puntos:

-    Permitir el acceso de más de 800 mil familias campesinas que no han tenido acceso a tierras, a pesar de que Colombia cuenta con 113 millones de hectáreas. El centro de esta ley está en la base campesina, en los 12 millones de habitantes rurales.

-    Fortalecer los principios de la propiedad privada y de seguridad jurídica para que los inversionistas nacionales, finqueros, agroindustria, campesinos, indígenas y afros puedan desarrollar sistemas productivos que no los condenen a la pobreza.

El texto de la Ley tiene unas líneas rojas que el Gobierno no deberá debilitar: acceso a tierras, propiedad privada fortalecida, y una tierra más productiva que genere seguridad alimentaria para el país. Igual la satisfacción a sus propietarios de contar con sus escrituras y de realizar actividades productivas que al final del ejercicio les dejen más dinero en el bolsillo.

Urgente que la Ley de Tierras prospere y rompa los cuellos de botella que sufre el campo colombiano. La tierra es para todos. No es un simple campo de recreo o de engorde para ciertos ventajosos terratenientes.