Granada, municipio del Meta, es uno de esos tantos entes territoriales azotados por el terrorismo. Terrorismo de las Farc y de cualquiera otro criminal grupo que por sus tierras transite. Pero también es un municipio de pagos ricos y gentes laboriosas; campesinos del campo, conocedores y comprometidos con su futuro.

La naturaleza lo ha provisto de tierras fértiles donde se cultivan productos como maíz, soja, arroz y frondosos pastos. Sin embargo, es pobre y ha sido víctima de la ignorancia y no pocas veces corrupción gubernamental.

Desde 1994 cuenta con uno de los más emblemáticos elefantes blancos del sector agrícola nacional. Una planta de silos que no funcionó nunca y que ahora es oda de despilfarro y negligencia. Miles de millones de pesos enterrados mientras que sus gentes se mueren de hambre. 

El ministro del posconflicto entiende que con el acuerdo de La Habana este municipio podría llegar a ser receptor de cientos, quizás, miles de desmovilizados en busca de un quehacer lícito y productivo. Dejar los sembrados de coca y las prósperas armas para sembrar maíz o soja sería una alternativa interesante a no ser por los altos costos que comporta el transporte, la intermediación y el almacenamiento de sus productos. Y como la planta de silos nunca funcionó y el Estado no tiene los recursos para arreglarla, dotarla y ponerla en funcionamiento, ella fue objeto de una bellísima iniciativa de asociación público privada social (APPS). Probablemente de las primeras APPS del país y sin duda la más importante en materia agrícola.

Los particulares originadores de la iniciativa no pidieron un sólo peso de inversión pública; asumieron todos los riesgos posibles y se comprometieron con invertir más de 11 mil millones de pesos manifestando que si las cosas salían bien, podrían ser el gran motor del empleo municipal y del desarrollo agroindustrial de la zona.

Pero las cosas no son de Dios cuando son del diablo: a pesar del inmenso reconocimiento del DNP, el Ministerio de Agricultura nunca le prestó mayor atención y el Ministerio de Hacienda frustró la iniciativa aduciendo ilegales argumentos.

Más allá de las honduras legales, que conozco bien en mi condición de abogado, lo cierto es que el municipio se va a ver privado de unos inversionistas arriesgados como pocas veces se ven en el país y mucho menos en ese sector; van a seguir dependiendo de los desalmados intermediarios que fungen como sanguijuelas de los cultivadores, y de los trasportadores que seguirán frotándose las manos pues tienen un mercado cautivo en ausencia de proyectos productivos de esta naturaleza en la región.

Ese es el país del doctor Santos y de su ministerio de Hacienda: piden creer en el país, pero con ilegalidades supinas le dan la espalda a los proyectos productivos, muy seguramente para continuar con las políticas de subsidios, mucho más proclives a la mermelada gubernamental.

*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.