“Injusta sanción social a toda la institución castrense”

Es conveniente que el Ejército Nacional haya diseñado los procedimientos internos para aportar información de manera organizada, coherente y completa a los requerimientos de la Comisión de la Verdad. Por esto es infundada la desconfianza expresada en algunas opiniones a raíz del documento clasificado como “restringido” firmado por el comandante del Ejército, que fue filtrado a la prensa. El propósito que de allí se colige no es impedir el acceso a la verdad ni incurrir en medidas de ocultamiento. Además, será la Comisión de la Verdad la que, contrastando con otras fuentes y versiones, utilice esos insumos para lograr la versión más verdadera posible de la historia del conflicto en Colombia.

Ahora bien, aunque dicho documento no lo especifica, de allí se puede deducir un marco de referencia al leer: “Es necesario señalar que la institución ha sido garante y respetuosa del Estado social y democrático de derecho, actuando siempre en el marco de la misión constitucional asignada y bajo los lineamientos estratégicos del poder Ejecutivo”. En este punto pues, se delinea lo que se puede denominar el “macro deber ser” de la actuación institucional del Ejército durante el conflicto. Y a la Comisión de la Verdad le corresponde establecer hasta qué punto ese deber ser coincidió o no, con lo que fue.

Para lo anterior se podría adoptar como eje de análisis los hechos militares sobresalientes, para enlazarlos con los principales hechos políticos que para la memoria militar serían las políticas de seguridad de los diferentes gobiernos. Es decir, Plan lazo, Estatuto de Seguridad, Plan Nacional de Rehabilitación. Estrategia Nacional contra la Violencia. Plan Colombia, Política de Seguridad Democrática y Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Un análisis conducente sería aquel que buscara respuestas a interrogantes como ¿cuáles fueron las directrices estratégicas del Ejecutivo? ¿Cómo y por qué actuó de determinada manera el Ejército? Así se hallarían los lazos funcionales de las políticas con los hechos militares, captando sus relaciones, sus intenciones, su agregación o dislocación.

De cualquier manera, al seleccionar los hechos militares es importante mencionar aquellos que merecieron felicitaciones y condecoraciones, sin soslayar los relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Esta será una tarea poco grata pero necesaria, so pena de perder credibilidad. Así se podrá evidenciar que, como en todas las guerras, ocurrieron tanto hechos de nobleza y heroísmo, como de bajeza y maldad humana.

Quizás la principal consecuencia que tendrá el aporte de la memoria histórica militar será la de contribuir con la Comisión de la Verdad en la conformación de contextos explicativos para entender mejor lo acontecido. Y en la medida en que reflejen acertadamente la realidad, en esa misma medida podrán ser tenidos en cuenta como agravantes o atenuantes de conductas delictivas. Por esto, no aportaría al proceso de pacificación el que dichos contextos se construyeran encubriendo responsabilidades individuales en los diferentes niveles de mando, pues se daría pie a una injusta sanción social a toda la institución castrense.