La presentadora y su esposo sufrieron el ataque de unos hackers y hasta el momento no hubo ningún castigo. ¿Por qué?

Ana Karina Soto y su esposo, el actor Alejandro Aguilar, revelaron que unos delincuentes (fastuosamente llamados hackers) los estaban extorsionando. Los criminales habían accedido a las cámaras de seguridad de la residencia de la pareja y tenían en su poder contenidos sexuales que hacen parte de su intimidad.

La noticia cumplió el ciclo de la viralidad. Decenas de publicaciones en las primeras horas. Dos días de comentarios en redes sociales y el olvido. Pasaron apenas 10 días desde que Ana Karina reveló el drama que estaba viviendo y el caso pasó al frío archivo de Google. Ese olvido, esa impunidad es el gran problema de los delitos cibernéticos.

Ana Karina dijo: “hackearon las cámaras de seguridad de nuestro apartamento y ese material nos llegó primero a través de un correo el 4 de enero, donde claramente nos sentimos vulnerados, atacados, sorprendidos”. La discusión se fue degradando a la ubicación de las cámaras en el inmueble y las siempre inquisidoras redes sociales llegaron al extremo de sospechar de las víctimas. Un drama convertido en persecución.

El caso, por el contrario, debería convertirse en un referente para hablar de delitos cibernéticos. Por supuesto, las autoridades se pronunciaron con las dos frases más utilizadas cada año “estamos investigando” y “estamos recolectando pistas para esclarecer -gran verbo- los hechos”. Hasta el momento de publicación de esta columna no se conocen resultados concretos de la investigación.

La privacidad se convirtió en un tesoro. Un tesoro que no cuidamos como se debe.  Para ponerle datos al asunto, la empresa de seguridad digital Kaspersky hizo una encuesta que entregó algunas conclusiones.  Por ejemplo, el 70% de los colombianos encuestados se preocupa por su seguridad en línea, pero este interés aún no se ha convertido en un conocimiento efectivo que les permita proteger la información personal que se recopila en el entorno digital.

El estudio reveló, además, que el 27% de los colombianos consultados desconoce cómo se realiza la recopilación de datos en la red y más de un tercio (39%) cree que sus datos solo pueden ser consultados mientras utilizan un dispositivo, sin entender que pueden dejar su “huella digital” en Internet y que son susceptibles a técnicas que permiten que los sitios web recopilen información sobre sus actividades.

El tema de fondo es la impunidad. Los delitos cibernéticos tienen un índice cercano al 75% de impunidad. Entonces, es la tormenta perfecta: víctimas que consideran que ese tipo de ataques son “cosas de famosos”, autoridades que no se ven a gatas desde lo técnico y legislativo para responder y delincuentes cada vez más especializados y con menos escrúpulos o miedos por el accionar de la justicia.

Venimos insistiendo en esta tribuna que las aseguradoras deberían tener propuestas de valor para este tipo de casos. Ojalá el lamentable episodio que está pasando Ana Karina Soto y su familia no se quede en la impunidad. Y sí, que se vuelva un referente para todos.